De cada G. 100 que el Estado recauda en impuestos, G. 85 ya están comprometidos al iniciar el plan financiero del año: sueldos públicos, jubilaciones de la Caja Fiscal e intereses de la deuda. No se discuten. No se postergan. No se tocan. Eso es rigidez del gasto. Es el problema fiscal más serio que tiene el Paraguay, aunque casi nadie lo mencione en la ejecución mensual del presupuesto y ahora en la discusión del PGN 2027.
Hace 15 años, esa misma relación rondaba el 72%. Es decir, el Estado perdió casi un sexto de su margen de maniobra sin que nadie lo decidiera formalmente. Fue ocurriendo de a poco: un aumento por acá, una recategorización por allá, un bono que se coloca para cubrir otro bono.
Y apareció la deuda como el nuevo inquilino del presupuesto. Durante años, hablar de rigidez era hablar de los salarios. Hoy hay un actor nuevo, y es más caro. En 2012, los intereses de la deuda se llevaban apenas 1,9% de los ingresos tributarios de la Administración Central. En 2025 se llevaron 16,8%. Casi nueve veces más.
Y hay un dato que debería estar en la tapa de todos los diarios: desde 2024, el Paraguay paga más en intereses de lo que invierte en obras. El año pasado, G. 6,97 billones en intereses contra G. 5,76 billones en inversión. En 2020 invertíamos tres veces más de lo que pagábamos en intereses. Hoy la relación se invirtió. Cada ruta que no se construye hoy es, en parte, el costo de la deuda que se contrajo ayer.
El segundo frente son las jubilaciones públicas. La Caja Fiscal cerró el 2025 con un déficit de G. 2,56 billones, más del triple que en 2019. El magisterio, la Policía y las Fuerzas Armadas explican la mayor parte. Incluso el sector de la Administración Pública, que durante años fue superavitario, está llegando al equilibrio, y judiciales y docentes universitarios ya pasaron a déficit. Ese faltante no desaparece. Lo cubre el Tesoro con impuestos de todos, incluidos los de trabajadores que jamás tendrán una jubilación pública.
Los números de este año muestran cómo funciona el mecanismo. Entre enero y agosto, los ingresos de la Administración Central crecieron 1,2%. El gasto, 10,7%. Solo las remuneraciones sumaron G. 1,12 billones más que el año pasado. El aumento total de ingresos fue de G. 426.000 millones.
Dicho de otro modo: el aumento de la planilla, por sí solo, fue más de dos veces y media el aumento de todo lo que recaudó el Estado. ¿Cómo se cubre la diferencia? Con déficit. G. 6,99 billones en ocho meses. Y con deuda, que mañana será más intereses, que mañana será más rigidez.
Por qué la rigidez se siente en la fila del hospital. Cuando hay que ajustar, el Estado no puede recortar lo rígido. Recorta lo flexible. Y lo flexible es justamente lo que el ciudadano ve y usa: el medicamento, el mantenimiento de la ruta, la obra de alcantarillado que falta, la infraestructura escolar que no llega. La inversión pública representaba casi 17% del gasto total entre 2019 y 2022. En 2025 cayó a 9,5%. Esa es la variable de ajuste silenciosa de la economía paraguaya.
Lo mismo pasa con los proveedores. Cuando no hay caja, primero se pagan sueldos, jubilaciones y bonos, porque no pagarlos tiene costo político o legal inmediato. La farmacéutica espera. La constructora espera. Todos los proveedores esperan. Y cuando dejan de entregar, el que espera es el paciente, la pyme y la empresa grande que necesita flujo para que circule el dinero.
El PGN 2027 no rompe el círculo. Lo confirma. El proyecto suma G. 166,3 billones, 11,2% más que este año. Pero casi USD 1.000 millones del aumento de Salud son para pagar deudas atrasadas con proveedores. Es la factura de años de rigidez: lo que no entró al presupuesto porque los rubros fijos se comieron el espacio. Y como los ingresos no alcanzan, se paga con más deuda. El Gobierno pide un déficit de 3,9% del PIB, más del doble del tope legal, y unos USD 2.100 millones de financiamiento.
El círculo es claro. Gasto rígido que crece, ingresos que no acompañan, atrasos con proveedores, deuda para pagar los atrasos, más intereses que engordan, otra vez, el gasto rígido. Y el calendario lo agrava. Cada guaraní de gasto rígido que el Congreso agregue en las próximas semanas será un guaraní que faltará en la farmacia de un hospital, en los resultados de PISA, en el acceso a agua tratada y/o falta de tecnología para la seguridad durante los próximos años. Un cargo público, una vez creado, no se va. Una jubilación, una vez otorgada, tampoco.
¿Y qué podemos hacer? Primero, congelar la creación neta de cargos en el PGN 2027, salvo salud y seguridad con justificación expresa por el equipo económico. Segundo, una regla de gasto: que el gasto corriente primario no crezca más que el PIB potencial. La regla de déficit sola no alcanza; se suspende cada vez que molesta. Lo que falta es el candado sobre el gasto. Tercero, reformar nuevamente la Caja Fiscal antes de que su déficit se coma nuevamente lo que queda de la inversión. Edad, años de aporte y tasas de reemplazo tienen que converger hacia parámetros sostenibles, empezando por los regímenes más deficitarios. Y, cuarto, una meta explícita de deuda, para que los intereses dejen de crecer más rápido que la economía.
El problema de las finanzas públicas no es solamente cuánto gasta. Es que casi todo lo que gasta ya está decidido de antemano, y lo poco que queda libre es lo primero que se sacrifica. Un presupuesto así no se administra. Se sobrelleva.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.