El escándalo que comenzó a desmoronar la estructura de corrupción del fútbol sudamericano hace más de una década todavía tiene un capítulo abierto en Paraguay. El denominado FIFAgate, que derivó en investigaciones en Estados Unidos, Suiza y otros países, dejó condenas, decomisos de activos y recuperación de fondos para las organizaciones afectadas. Sin embargo, una de las causas paraguayas vinculadas con aquella trama continúa sin llegar siquiera a la audiencia preliminar.
Se trata del expediente Nº 06/2021, “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, en el que la Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y otros miembros de su Directorio. La investigación está relacionada con operaciones vinculadas a fideicomisos constituidos en el 2016, en el contexto de las investigaciones que alcanzaron al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
El punto crítico ya no está en la etapa investigativa del Ministerio Público. La causa permanece frenada por una cuestión procesal, una recusación presentada el 10 de abril del 2026 contra los integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. La incidencia fue remitida a la Sala Penal de la Corte Suprema y, cinco meses después, continúa sin resolución. La Conmebol, constituida como víctima y querellante adhesiva, presentó incluso un urgimiento para que la máxima instancia judicial se pronuncie.
El contraste internacional resulta difícil de ignorar
En Estados Unidos, la investigación del Departamento de Justicia produjo condenas de altos dirigentes del fútbol y responsables empresariales involucrados en esquemas de sobornos por derechos comerciales y de transmisión. En el 2018, Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol y dirigente paraguayo, fue condenado a nueve años de prisión y se ordenó el decomiso de más de USD 3,3 millones.
El proceso estadounidense continuó durante los años siguientes. En el 2023, un jurado federal condenó al exejecutivo de Fox Hernán López y a la empresa argentina Full Play por conspiraciones relacionadas con sobornos a dirigentes de FIFA, Conmebol y Concacaf. El caso posteriormente tuvo nuevas instancias judiciales y, en el 2025, una corte federal de apelaciones reinstaló esas condenas.
La persecución penal también alcanzó al circuito financiero. En el 2021, el banco suizo Julius Baer admitió ante la justicia estadounidense haber participado en el lavado de más de USD 36 millones en sobornos relacionados con funcionarios del fútbol y aceptó pagar más de USD 79 millones en sanciones dentro de un acuerdo de enjuiciamiento diferido.
Suiza, además, reportó condenas y recuperación de activos vinculados con investigaciones sobre corrupción en el fútbol mundial. En el 2020, su Ministerio Público Federal informó que había restituido alrededor de 20,5 millones de francos suizos a la Conmebol y que el total de activos confiscados o restituidos en casos relacionados con el fútbol superaba los CHF 37 millones.
Estados Unidos incluso avanzó en la reparación económica. En el 2021 aprobó una primera distribución de USD 32,3 millones de fondos decomisados a las entidades consideradas víctimas y, en el 2022, anunció una distribución adicional cercana a USD 92 millones. Entre los beneficiarios estaba la Conmebol.
Es decir, la trama internacional no terminó con una sola condena. Generó investigaciones financieras, cooperación internacional, acuerdos con bancos, decomisos, condenas y mecanismos de restitución.
Paraguay también colaboró, pero ahora…
El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció en el 2018 la asistencia de Paraguay, junto con Suiza y Brasil, en el proceso que terminó con la condena de Napout.
El interrogante, por tanto, no es si Paraguay estuvo al margen del FIFAgate. No lo estuvo.
La cuestión es qué ocurre ahora con una causa paraguaya directamente conectada con aquella trama.
Mientras otras jurisdicciones ya produjeron decisiones judiciales y movimientos de dinero recuperado, el expediente 06/2021 sigue esperando que la Corte resuelva una recusación para que pueda continuar su recorrido. La propia Conmebol sostiene que esa decisión es necesaria para destrabar el proceso.
La pregunta institucional queda planteada. ¿Cuánto tiempo más debe esperar una causa vinculada con uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva de la historia para superar una incidencia procesal y llegar a la etapa en la que pueda discutirse el fondo?
Más que una comparación entre sistemas judiciales, el caso plantea una cuestión sobre la capacidad de la Justicia paraguaya para cerrar localmente investigaciones cuyos efectos ya atravesaron fronteras y produjeron consecuencias concretas en otras jurisdicciones.
El FIFAgate cambió la forma en que el mundo investigó la corrupción en el fútbol. En Paraguay, sin embargo, una parte de aquella historia todavía permanece abierta.
La causa penal 06/2021 tiene una demora procesal a raíz de la indefinición de una recusación presentada ya en abril en contra de los miembros del Tribunal de Apelación compuesto por los camaristas Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.
La resolución que destraba dicho proceso ya tiene confirmados dos votos, la de los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia, pero falta el voto del ministro Víctor Ríos, quien tiene el expediente en su despacho desde el 25 de agosto pasado.