La pregunta más incómoda que deberá responder el Banco Central del Paraguay (BCP) no es cuántas veces inspeccionó al banco Atlas, sino qué hizo después de detectar riesgos y advertencias.
Ese es uno de los puntos centrales del pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, que exige al regulador entregar información sobre inspecciones, observaciones, planes correctivos, medidas de seguimiento, sanciones y sumarios vinculados con la entidad durante los últimos diez años. El plazo fijado para responder es de 15 días hábiles.
La diferencia es fundamental. Una supervisión bancaria no puede reducirse a producir informes, enviar notas o dejar constancia de observaciones. Su eficacia se mide en lo que ocurre después: si el problema fue corregido, si alguien verificó esa corrección y si, cuando las señales se repitieron, el nivel de control aumentó.
Y aparece la principal interrogante
Los diputados reclaman identificar quién verificó el cumplimiento de las advertencias formuladas por la Superintendencia de Bancos en el 2016 sobre riesgos derivados de operaciones fiduciarias relacionadas con Nicolás Leoz. También piden conocer las inspecciones posteriores, las medidas adoptadas, quiénes estuvieron a cargo del seguimiento y cuáles fueron los resultados concretos.
En otras palabras, el Congreso intenta reconstruir una línea de tiempo de la supervisión.
Si hubo una advertencia, ¿qué ocurrió después? Si se ordenó corregir una deficiencia, ¿quién comprobó que fue corregida? Si existió una observación reiterada, ¿en qué momento se elevó el nivel de control? Y si finalmente aparecieron investigaciones penales, ¿qué hizo el supervisor con la información que ya tenía?
Recordemos que los directivos del banco Atlas están acusados por presunto lavado de dinero en la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por lavado de dinero” que investiga las operaciones ilícitas del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz, dentro del ente bancario, propiedad del Grupo Zuccolillo.
El cuestionamiento de los diputados llega hasta un punto especialmente sensible, preguntan por qué, pese a sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con el banco Atlas, aparentemente no existirían sumarios administrativos actualmente en curso contra la entidad. El BCP deberá confirmar si esa situación es correcta y, de existir expedientes abiertos, informar su objeto y estado.
El segundo dato que puede resultar decisivo es la cantidad de inspecciones sobre la actividad fiduciaria de Atlas entre el 2017 y el 2026. Diputados no pide únicamente las actas, exige conocer las observaciones, los planes de regularización, las medidas adoptadas y los eventuales sumarios.
La investigación, por lo tanto, puede cambiar de eje. Ya no se trataría solamente de determinar si existieron operaciones cuestionadas, sino de establecer si el sistema de control tuvo capacidad para detectar, escalar y corregir los riesgos antes de que estos terminaran en controversias judiciales o administrativas.
Caso fideicomiso con el IPS
El caso del fideicomiso IPS-banco Atlas agrega otra dimensión. La Cámara pide explicar por qué, al menos hasta enero del 2026, no se habría iniciado una investigación administrativa específica sobre operaciones de G. 828.800 millones, además de solicitar la trazabilidad de instrucciones, desembolsos y documentación utilizada para liberar recursos.
También requiere explicaciones sobre la restitución aproximada de G. 803 millones en intereses reclamados por el IPS.
Aquí aparece una cuestión que puede ser determinante, si el BCP supervisó la operación fiduciaria, ¿qué documentación recibió, qué inconsistencias encontró y qué hizo con ellas?
Se menciona dentro del informe de auditoría interna del IPS que el Punto 5, “Otros centros de salud” dentro del contrato de fideicomiso, fue la principal causa del descalabro financiero del contrato, ya que ese punto específico no fue aprobado por la Superintendencia de Bancos.
A Ultranza y Darío Messer, también en la mira
El pedido parlamentario además conecta otros episodios como las operaciones relacionadas con Juan Carlos Ozorio y la investigación A Ultranza, y el conflicto entre Matrix y Paraqvaria, comunicado por el banco Atlas en febrero del 2025. Los legisladores quieren saber si el regulador examinó la debida diligencia, la información disponible y las garantías involucradas.
El punto novedoso, entonces, está en mirar los casos como una posible secuencia de señales, y no como expedientes aislados.
La respuesta del BCP podría permitir determinar si las distintas advertencias fueron analizadas individualmente o si existió una evaluación integral del perfil de riesgo de la actividad fiduciaria del banco Atlas.
También deberá aclarar cuántos sumarios fueron abiertos durante la última década, cuántos terminaron en sanción o archivo y cuáles estuvieron relacionados con fideicomisos, prevención de lavado o debida diligencia.
La Cámara plantea así una pregunta de fondo sobre el modelo de supervisión paraguayo, ¿el regulador actúa solamente cuando aparece una denuncia o investigación penal, o utiliza las señales tempranas para anticiparse al riesgo?
La diferencia puede ser enorme. Porque si el BCP demuestra que detectó riesgos, ordenó correcciones, verificó su cumplimiento y aplicó medidas cuando correspondía, la documentación podrá cerrar varias interrogantes.
Pero si aparecen advertencias sin seguimiento, inspecciones sin consecuencias, planes correctivos sin verificación o señales repetidas que nunca provocaron una revisión integral, el problema dejará de ser exclusivamente del banco Atlas. Pasará a ser una pregunta sobre la eficacia de la supervisión financiera del país.
Y esa es, precisamente, la respuesta que ahora el Congreso está intentando obtener.