El planteamiento fue expuesto durante el panel económico de MacroVisión 2026, organizado por un banco local, donde compartió escenario con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.
Ante representantes de distintos países de la región, Lovera explicó que el resultado fiscal previsto para el 2027 estará condicionado por la necesidad de cancelar obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores. El déficit proyectado para ese año se ubica en 3,9% del PIB, pero, según el ministro, si se excluye el efecto extraordinario de la regularización de esas deudas, el resultado se situaría alrededor del 1,9%.
La diferencia resulta clave para el Gobierno en su estrategia de convergencia fiscal. El objetivo es que, una vez absorbido el impacto de los compromisos pendientes, las cuentas públicas puedan continuar reduciendo gradualmente el déficit hasta alcanzar el 1,5% del PIB en el 2028, conforme al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Deudas de salud, uno de los principales focos
Uno de los componentes centrales del proceso será la regularización de las obligaciones acumuladas en el sistema de salud pública. Lovera señaló que el Gobierno prevé avanzar durante el 2027 en la cancelación de estas deudas, al mismo tiempo que incorporará recursos destinados a medicamentos, insumos y otras necesidades actuales del sistema sanitario.
La explicación del ministro apunta a diferenciar el déficit generado por el funcionamiento corriente del Estado del impacto extraordinario producido por compromisos que se arrastran de años anteriores. El desafío, sin embargo, no se limita a cancelar las obligaciones vencidas, sino a impedir que vuelvan a acumularse.
En ese sentido, destacó la implementación, desde enero del 2026, de un sistema de gestión de ejecución de contratos. La herramienta permite identificar los compromisos asumidos por el Estado desde la generación de la factura electrónica, con el propósito de mejorar el registro de las obligaciones, fortalecer los controles y otorgar mayor previsibilidad a la ejecución presupuestaria.
La medida adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno reconoció la existencia de obligaciones acumuladas que presionaron sobre el resultado fiscal y obligaron a revisar las proyecciones de déficit. La regularización de estos compromisos representa, por tanto, una parte importante de la hoja de ruta para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.
Grado de inversión y confianza
Lovera también resaltó la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el BCP en el relacionamiento con las agencias calificadoras internacionales. En particular, mencionó las presentaciones realizadas ante Fitch Ratings sobre los avances fiscales, la gestión de los atrasos y las medidas adoptadas para evitar su repetición.
El ministro vinculó estos avances con la mejora de la evaluación crediticia de Paraguay y con la obtención del Grado de Inversión, considerado por el Gobierno como un reconocimiento a la estabilidad macroeconómica y al fortalecimiento institucional de las finanzas públicas.
Para el Ejecutivo, mantener esa confianza será uno de los principales desafíos de los próximos años. La consolidación fiscal deberá combinar la reducción gradual del déficit con la capacidad del Estado para atender demandas crecientes en áreas como salud e infraestructura, sin volver a generar atrasos que terminen trasladando obligaciones de un ejercicio a otro.
El mensaje llevado por Lovera al encuentro internacional fue, en ese sentido, que la corrección fiscal continuará, pero con un componente extraordinario durante el 2027 derivado del saneamiento de compromisos anteriores. La apuesta oficial es que, superado ese proceso, Paraguay pueda encaminarse hacia el déficit de 1,5% del PIB en el 2028, preservando al mismo tiempo las condiciones macroeconómicas que permitieron al país mejorar su perfil crediticio y atraer nuevas inversiones.