En un galpón de chapas de Caaguazú, Rosa cierra la jornada con el mismo cálculo que hace once años. Cosió cuarenta y ocho uniformes escolares, cobró en efectivo, pagó al ayudante por fuera y guardó lo que sobró en una caja de galletitas.
El país crece, las reservas baten récords y el tipo de cambio deja de ser una amenaza cotidiana, pero ella no opera con un registro tributario que le abra puertas, no accede a un crédito de capital de trabajo a tasa de mercado, no aporta a una cuenta previsional que pueda llevarse a otro empleo y no puede hipotecar el lote porque el título sigue incompleto.
Su hijo mayor terminó la media y busca un contrato formal en Asunción; el menor asiste a una escuela cuyo aprendizaje efectivo no alcanza para competir. Rosa no es una anécdota. Es el rostro de una economía que ya estabilizó los agregados y todavía no abre, a escala masiva, las puertas de la formalidad, el crédito y la movilidad.
En el interior, en el periurbano de Asunción y en las cadenas de comercio, construcción y servicios personales, miles de unidades productivas operan con la misma lógica: producen, venden y sobreviven, pero no capitalizan. La estabilidad de precios les da previsibilidad; la microestructura les niega el contrato, el colateral y la escala.
Los números nacionales son, en apariencia, envidiablemente ordenados. El crecimiento se sitúa en torno al 4,2 por ciento, la inflación converge al 3,5 por ciento, la deuda pública ronda el 36 por ciento del producto y las reservas internacionales alcanzaron máximos históricos. Ese marco no es un accidente de cosecha. Es el resultado de reglas que anclaron expectativas y retiraron el impuesto inflacionario que históricamente gravaba con más fuerza a los hogares de menores ingresos.
El contraste micro, sin embargo, permanece nítido y verificable: la pobreza monetaria se ubica en 16 por ciento, la informalidad laboral alcanza el 62,5 por ciento de los ocupados y el coeficiente de Gini se mantiene en 0,444. Seis de cada diez trabajadores carecen de cobertura previsional efectiva y de un historial crediticio utilizable.
Una economía puede exhibir solidez externa y disciplina de precios y, al mismo tiempo, dejar a la mayoría de las unidades productivas fuera del sistema de contratos, garantías y acumulación. El crecimiento sigue siendo brillante en los agregados y opaco en los hogares cuando el dato nacional muestra que la inclusión no se produce por desborde automático del producto, sino por la arquitectura de incentivos que enfrenta cada persona, cada firma pequeña y cada territorio.
El mecanismo es institucional, no moral. La estabilidad macroeconómica elimina el ruido de precios y permite calcular; no reduce por sí sola el costo de entrar al mercado formal. Ese costo se compone de regulaciones laborales rígidas, cargas sociales poco graduadas por tamaño de empresa, trámites que premian la opacidad, titulación incompleta de activos y un sistema educativo que no genera de manera suficiente las habilidades que el sector privado demanda.
Cuando formalizarse es caro, lento e incierto, el equilibrio racional de la firma pequeña es permanecer informal: evade la carga, pero también se autoexcluye del crédito barato, de los proveedores grandes y de la acumulación de capital humano certificable. El resultado es una economía dual.
En un polo, empresas que exportan, contratan y se financian. En el otro, un tejido denso de autoempleo y microunidades de baja productividad, con alta presencia femenina y un sesgo territorial hacia el interior. La informalidad no es un residuo cultural; es la respuesta a un conjunto de precios relativos institucionales. Mientras el costo de la legalidad exceda el beneficio esperado de la legalidad, el Gini se estanca y la movilidad social se vuelve lotería familiar en lugar de trayectoria previsible.
La pobreza residual de 16 por ciento ya no se explica principalmente por la falta de crecimiento agregado, sino por la imposibilidad de convertir esfuerzo en activos: un local registrable, una máquina financiable, un título de propiedad oponible, una credencial educativa con señal de mercado. Sin corregir ese mecanismo, el ciclo virtuoso de la macro se agota en los hogares que más necesitan convertirlo en ingreso permanente.
La agenda 2026-2030 no consiste en relajar la disciplina de precios ni en sustituir reglas por discrecionalidad fiscal. Consiste en rediseñar la microestructura para que el mismo marco de estabilidad se vuelva habitable para la mayoría. Hay que abatir el costo de la formalidad con una ventanilla única digital de plazo cierto, un régimen simplificado genuino para micro y pequeñas unidades y una graduación de aportes que no convierta el primer empleado en un salto prohibitivo.
Hace falta flexibilidad laboral con portabilidad, de modo que los beneficios viajen con la persona y el contrato deje de ser un riesgo existencial para la pyme. Los derechos de propiedad deben volverse efectivos mediante titulación masiva y registral, para que el lote, la maquinaria y las existencias se transformen en colateral y no en capital muerto.
La provisión de habilidades necesita competencia: autonomía escolar, evaluación pública de resultados y un financiamiento que siga al estudiante, alineando la oferta educativa con la demanda de productividad. El sistema financiero debe profundizarse con información, no con cupos: historiales alternativos, intermediarios digitales bajo reglas claras y un mercado de capitales capaz de canalizar ahorro doméstico hacia firmas que hoy solo operan en efectivo. Y el mapa necesita conectividad territorial: corredores logísticos y digitales que reduzcan el costo de distancia entre el interior productivo y los nodos de demanda.
El Estado no debe administrar destinos individuales. Debe fijar reglas simples, predecibles y simétricas, y retirar las barreras que hoy convierten la legalidad en un bien de lujo. La reforma no es un catálogo de gastos. Es un cambio en los precios relativos de la formalidad, de la inversión en capital humano y de la acumulación de activos.
El resultado medible no se lee primero en un comunicado de reservas, sino en la vida cotidiana. Rosa obtiene un crédito de capital de trabajo a tasa de mercado porque el taller queda registrado y el lote queda titulado; deja de pagar el sobrecosto del efectivo y del desabastecimiento. Su hijo entra a un empleo con aportes portables o abre, en días y no en meses, una firma que puede facturar a cadenas formales.
El salario deja de erosionarse por la precariedad contractual y empieza a reflejar productividad. En el territorio, un distrito que hoy exporta solo materia prima o mano de obra barata atrae eslabones de procesamiento porque el flete, el título y el contrato dejan de ser obstáculos.
La pobreza de 16 por ciento puede seguir cayendo por generación de ingreso laboral y no solo por transferencias que sostienen el umbral. El Gini se comprime cuando más personas participan del mercado de crédito, del mercado de habilidades y del mercado de bienes raíces formales.
La informalidad de 62,5 por ciento retrocede si el cálculo racional de la firma pequeña se invierte: conviene entrar. Paraguay ya tiene la macro: crecimiento en torno a 4,2 por ciento, inflación en 3,5 por ciento, deuda contenida y reservas récord. Le falta la micro que convierte esa solidez en movilidad social, en empresas que escalan y en hogares que planifican a diez años. Sin esas reformas de arquitectura, el crecimiento seguirá siendo brillante en los agregados y opaco en las mesas de las familias. Con ellas, la economía deja de ser un promedio y adquiere rostro: el de quien puede firmar, hipotecar, estudiar con señal de mercado y transmitir un activo —no solo un oficio informal— a la generación siguiente. Esa es la agenda pendiente de 2026-2030.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele