El Instituto de Previsión Social (IPS) administra uno de los patrimonios más importantes del país, pero esa fortaleza patrimonial no necesariamente se traduce en liquidez para atender las necesidades cotidianas de sus asegurados.
La advertencia surge de la entrevista concedida a La Tribu 650 AM por el exconsejero Carlos Pereira, quien puso sobre la mesa una serie de cifras que permiten observar al IPS desde otra perspectiva.
Más que preguntar cuánto dinero necesita la previsional, la cuestión es determinar cuánto dinero está dejando de utilizar por problemas de cobranza, activos subvaluados o recursos que podrían tener una administración diferente.
Uno de los principales puntos señalados por Pereira es la deuda de los empleadores. Según explicó, las empresas adeudan al IPS más de G. 4 billones, equivalentes a unos USD 670 millones. A esto se agregan aproximadamente USD 780 millones que, según su estimación, debe el Estado. El volumen conjunto ronda los USD 1.450 millones.
La administración de los recursos
Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurre con ese dinero. El problema no es solamente contable, un crédito que permanece durante años en los tribunales no paga medicamentos, no financia servicios médicos y tampoco mejora el flujo de caja de la institución.
Pereira cuestiona precisamente esa lógica. A su criterio, el IPS no debería limitarse a esperar durante décadas el resultado de demandas e inhibiciones contra empresas morosas.
Propone buscar fórmulas financieras para convertir parte de esos créditos en dinero efectivo, incluso utilizando contratos que el IPS necesita como respaldo para que empresas con problemas puedan acceder a financiamiento y cancelar sus deudas.
La propuesta introduce un concepto diferente, cobrar sin necesariamente destruir al deudor. Una empresa viable puede ser más útil al IPS funcionando y pagando que cerrada, inhibida y sin capacidad de generar ingresos.
El segundo gran activo aparece en los inmuebles. Pereira señaló que el IPS posee 776 propiedades, muchas de las cuales, según afirmó, no son utilizadas adecuadamente ni generan una rentabilidad acorde con su valor. Citó como ejemplo las 250.000 hectáreas que la institución posee en el Chaco y cuestionó la diferencia que podría existir entre su valor contable y su verdadero valor de mercado.
¿Cuánto vale realmente el IPS?
Una institución puede parecer financieramente limitada si observa solamente su flujo mensual, pero presentar una situación completamente distinta cuando se contabilizan correctamente sus propiedades, inversiones y derechos de cobro.
El planteamiento de Pereira consiste en realizar una revisión integral de ese patrimonio, identificar los inmuebles estratégicos, establecer cuáles están ociosos y determinar cuáles podrían ser comercializados mediante procedimientos transparentes, siempre dentro del marco legal y regulatorio correspondiente.
A esto se suma una cartera de inversiones que, según el exconsejero, alcanza aproximadamente USD 492 millones, con una tasa de morosidad cero. También mencionó un fondo de contingencia cercano a USD 30 millones.
Es decir, el debate sobre el IPS puede ser planteado de una manera diferente, no se trata sólo de cuánto necesita, sino de cuánto de lo que ya tiene está trabajando para la institución.
Incluso la eventual recuperación de las deudas patronales tendría un efecto distribuido entre los distintos fondos. Pereira recordó que la legislación establece que los ingresos genuinos se distribuyen en 54% para jubilaciones, 40% para salud y 6% para administración.
O sea, por cada G. 100 millones recuperados, G. 54 millones irían a jubilaciones, G. 40 millones a salud y G. 6 millones a administración.
La discusión, entonces, trasciende la emergencia financiera del momento. El verdadero desafío del IPS podría estar en transformar patrimonio en capacidad financiera, créditos en cobranzas y activos ociosos en recursos productivos.
Pereira llegó incluso a plantear la creación de una banca de previsión social utilizando parte de la capacidad financiera de la institución.
La pregunta que queda abierta es quizás la más importante: si el IPS posee activos, inversiones y derechos de cobro por cifras multimillonarias, ¿el problema es realmente la falta de riqueza o la incapacidad de convertir esa riqueza en recursos disponibles para cumplir con su función?
Responder esa pregunta exige mirar al IPS no solamente como una institución que gasta y necesita financiamiento, sino como un enorme patrimonio público que debe ser administrado, valorizado y puesto a producir en beneficio de sus asegurados.