En las últimas semanas la discusión sobre las finanzas públicas ha acaparado la atención del debate; sin embargo, convendría poner en perspectiva la situación de unas cuentas fiscales que se deterioran más rápido de lo que el discurso oficial admite.
El déficit acumulado llegó a 1,2% del PIB a julio, el anualizado ya está en 2,6%, y la propia proyección oficial apunta a cerrar el año cerca del 3,2%. La meta fiscal del -1,5% del PIB quedó en el camino. Lo que vale la pena discutir no es tanto qué pasó, sino qué puede hacerse antes de que la situación se complique más.
Los ingresos totales crecieron apenas 1,2% en términos nominales, lo que en términos reales es prácticamente cero. El lado positivo está en los impuestos internos, que subieron 11,2% –el IRE, el IVA doméstico y el IDU funcionaron bien–. El problema viene de Aduanas: los impuestos externos cayeron 12,2%, arrastrados por la fuerte apreciación del guaraní, que en julio acumulaba una caída de casi 20% interanual frente al dólar. Si el tipo de cambio hubiera operado en torno a los 7.000 guaraníes (finales del año pasado) los ingresos aduaneros habrían sido al menos un 15% mayores en moneda local, lo que equivale a entre USD 220 y 250 millones adicionales, cerca de 0,6 puntos del PIB. Es plata que hace falta.
Por el lado del gasto, el aumento del 9,7% está concentrado en rubros que no se pueden ajustar fácilmente: remuneraciones y prestaciones sociales explican juntas casi el 65% del incremento total. La inversión pública, en cambio, crece bien –12,3%, con el MOPC (la cuestión pasa por la efectivización de pagos) liderando con +38,9%–, y los intereses de la deuda bajan. El problema no es la inversión; es la rigidez creciente del gasto corriente.
Recortar salarios o jubilaciones no es una opción realista ni deseable, especialmente en un año donde médicos, docentes y otros sectores estratégicos ya están reclamando aumentos para el 2027. Si esos incrementos llegan al 10-15% en los sectores más grandes, el impacto adicional sobre el gasto en remuneraciones podría superar los 0,4 puntos del PIB. Ignorar esa presión sería ingenuo; gestionarla mal sería costoso.
Lo que sí tiene margen son las transferencias y donaciones a entidades descentralizadas, que crecieron 1,0 punto porcentual del total del gasto sin que exista todavía una evaluación pública de su eficiencia o impacto. Una revisión ordenada de esos flujos, con criterios de desempeño, podría liberar recursos sin tocar servicios esenciales. No es recortar: es asignar mejor.
Aquí está quizás la oportunidad más grande que Paraguay no ha aprovechado. El gasto tributario –lo que el Estado deja de recaudar por exoneraciones, beneficios especiales y tratamientos diferenciados– ronda entre el 4% y el 6% del PIB anualmente, según estimaciones del BID. Para ponerlo en perspectiva: ese rango equivale a 2 a 3 veces el déficit fiscal proyectado para este año.
No se trata de eliminar todas las exenciones de golpe. Muchas tienen justificación económica o social válida. Pero hay un conjunto de beneficios que favorecen a sectores con alta capacidad contributiva, que no generan los empleos ni las inversiones que prometían cuando fueron aprobados, y que se renuevan año a año por inercia política más que por evaluación técnica. Una revisión transparente, con metas graduales, podría generar entre 0,5 y 1,5 puntos del PIB en ingresos adicionales en un horizonte de dos a tres años, sin modificar la estructura general del sistema tributario. Eso cambiaría de manera sustancial la trayectoria fiscal sin necesidad de crear nuevos impuestos ni ajustar tarifas.
Un punto que suele omitirse en el debate público es que el tipo de cambio no es solo una decisión monetaria: tiene efectos fiscales directos y considerables en el caso paraguayo. Un guaraní tan apreciado no solo comprime los ingresos aduaneros, sino que encarece en términos reales el servicio de la deuda externa y reduce el valor en guaraníes de los ingresos de las binacionales. Reconocer esta dimensión no implica pedir una devaluación artificial, pero sí sugiere que la coordinación entre política monetaria y fiscal merece más atención de la que recibe actualmente.
El año electoral que se avecina no facilita las decisiones difíciles. Pero precisamente por eso conviene actuar antes. La sostenibilidad fiscal no se rompe de un golpe; se deteriora gradualmente, y cuando el mercado percibe que la tendencia es irreversible, el costo de corregirla se multiplica. Paraguay tiene hoy lo que muchos países quisieran: crecimiento, inflación baja, deuda manejable y credibilidad institucional razonable. Eso es un activo que vale la pena proteger.
La agenda concreta para los próximos meses debería incluir al menos tres elementos: una revisión técnica profunda del gasto tributario con criterios de eficiencia y equidad; un marco de negociación salarial que reconozca las demandas sectoriales, pero las enmarque en sendas de gasto sostenibles; y una conversación honesta sobre el rol del tipo de cambio en la ecuación fiscal. Ninguna de estas medidas es políticamente sencilla. Pero todas son fiscalmente necesarias, y cuanto antes se encaren, menores serán los ajustes que habrá que hacer después.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.