El banco Atlas no hizo las debidas diligencias u omitió los resultados de las pesquisas que debían identificar que está operando con el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Formalmente, su cliente era una sociedad comercial. Sin embargo, aquella empresa estaba presidida por un hombre señalado por la Fiscalía como supuesto prestanombre del narcotraficante y entregó como garantía una estancia posteriormente incorporada al esquema patrimonial investigado. La diferencia entre lo que mostraban los papeles y lo que presuntamente existía detrás constituye el centro del caso.
En noviembre del 2015, el banco Atlas aprobó una línea de crédito de hasta USD 6.421.857 a Biocombustible Brasilero SA, conocida como Biobras. La operación fue formalizada con Gilberto Suárez, presidente de la firma, y Rosa Amarilha Gomes como codeudora. Como respaldo fueron hipotecadas tres fincas que integran la estancia Cielo Azul, un establecimiento de aproximadamente 5.945 hectáreas ubicado en Paso Barreto, Concepción.
Sobre el papel, Atlas tenía una empresa, balances, una garantía inmobiliaria y un proyecto de inversión. Pero Suárez no tardaría en aparecer dentro de una investigación mucho más pesada: la Fiscalía lo señaló como supuesto prestanombre de “Cabeza Branca”, uno de los mayores narcotraficantes de Sudamérica y considerado por investigadores paraguayos como un importante inyector de dinero proveniente del narcotráfico dentro de la economía nacional. ¿Cómo esto pasó por alto el banco presidido por “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color?
El banco Atlas debe responder si aplicó controles suficientes para descubrir quién era el beneficiario final de la estructura, cuál era la capacidad económica real de quienes aparecían al frente y de dónde provenía el patrimonio utilizado para respaldar una operación millonaria.
Para el 2015 ya se encontraba vigente la obligación de conocer al cliente, identificar a los beneficiarios finales, examinar la actividad económica, verificar el origen de los fondos y controlar que las operaciones fueran compatibles con el perfil declarado. Cuando el riesgo lo exige, la revisión debe ampliarse y continuar durante toda la relación comercial.
El expediente interno del banco Atlas debería mostrar qué documentos presentó Biobras, cómo justificó su patrimonio, quiénes aparecían como accionistas, qué actividad económica desarrollaba realmente y qué inspecciones fueron realizadas. También debería explicar cómo se evaluó la capacidad de Suárez y qué información se obtuvo sobre el origen de la estancia Cielo Azul.
La defensa del banco Atlas sostiene que el sujeto del crédito era Biobras, no Suárez personalmente; que la empresa demostró solvencia mediante sus balances, que ya operaba anteriormente con otra entidad bancaria y que pagó normalmente durante los primeros años. También afirma que en el 2015 no existía información pública que conectara a la firma con “Cabeza Branca” y que el banco nunca mantuvo trato con el narcotraficante.
Esa versión fue expuesta ante la Comisión Bicameral de Investigación. Si bastara con leer la composición formal de una sociedad, los prestanombres serían prácticamente indetectables. La debida diligencia existe para ir más allá de la carpeta prolija y determinar quién controla realmente una empresa, quién aporta el dinero y si el perfil económico resulta coherente con la magnitud del negocio.
“Cabeza Branca” fue detenido en Brasil en julio del 2017. Después, la estructura paraguaya atribuida al narcotraficante comenzó a derrumbarse. Biobras cayó en incumplimiento y el banco Atlas promovió en el 2019 una ejecución hipotecaria para recuperar el crédito. En el 2020, la Fiscalía entregó la empresa y la estancia a la administración de la Senabico dentro de la investigación patrimonial.
La garantía que parecía suficientemente sólida terminó atrapada entre dos intereses: el banco quería cobrar la deuda y el Estado pretendía preservar un bien relacionado con una investigación de lavado. El conflicto se agravó con los intentos de rematar Cielo Azul, posteriormente valuada en alrededor de USD 18 millones, por una obligación reclamada considerablemente menor.
Antes de discutir cuánto debe recuperar el banco, corresponde determinar si fue verdaderamente un tercero que desconocía la trama o si fallaron controles que debían impedir que el sistema financiero fortaleciera una estructura presuntamente utilizada para lavar dinero.
La sospecha fue suficientemente seria para producir una causa separada. En el 2022, el fiscal Osmar Legal confirmó que se investigaban posibles omisiones de diligencia de entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, en créditos relacionados con el universo de “Cabeza Branca”. El representante del Ministerio Público aclaró entonces que todavía debía determinarse si existían responsabilidades penales o administrativas. La investigación surgió como desprendimiento del expediente principal.
Hasta ahora no se conoce públicamente una imputación contra los directivos del banco Atlas dentro de este caso específico ni una resolución que cierre definitivamente la investigación. Ese silencio prolongado también necesita una explicación. Si el análisis continúa, corresponde conocer qué falta después de tantos años.
El problema es que “Cabeza Branca” no aparece solo. El caso se suma a los cuestionamientos por las operaciones de Nicolás Leoz, las siete oficinas de Paraqvaria relacionadas con Matrix Realty y otras controversias fiduciarias donde el banco Atlas vuelve a quedar frente a la misma pregunta: qué sabía, qué verificó y por qué las señales aparecieron cuando el dinero, los contratos o los bienes ya habían atravesado sus estructuras.
La repetición comienza a erosionar la explicación de que todo fue imposible de detectar. Una vez puede ser un engaño sofisticado. Cuando la escena se repite, corresponde examinar si el problema está menos en la habilidad de quienes ocultaban y más en la profundidad con la que el banco decidió mirar.
Porque cuando un crédito millonario termina respaldado por una estancia vinculada al patrimonio de un narcotraficante, la pregunta ya no es solamente quién estaba detrás. También es cuántas veces puede el banco Atlas responder que no lo sabía antes de que esa respuesta deje de resultar suficiente.
Cuando un crédito de millones acaba respaldado por una estancia atribuida a la estructura de un narcotraficante, la pregunta ya no es solamente quién firmó los documentos. La pregunta es quién estaba realmente detrás y cuánto quiso averiguarlo el banco Atlas.