El Ministerio Público presentó un urgimiento ante la Sala Penal del máximo tribunal para que se pronuncie sobre una recusación que permanece sin resolución desde abril de este año. La presentación fiscal se centra en una situación procesal que, con el transcurso de los meses, comenzó a convertirse en un obstáculo para la continuidad de las actuaciones. La defensa de Celio Tunholi recusó en abril del 2026 a los magistrados Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar, planteamiento que debe ser resuelto para que el proceso pueda avanzar con normalidad.
Para los representantes del Ministerio Público, la falta de una decisión genera una demora que afecta la celeridad que debe caracterizar a un proceso penal. Por esa razón, los fiscales solicitaron a la Sala Penal que adopte una determinación sobre la recusación y permita establecer quiénes serán los magistrados habilitados para intervenir en las actuaciones pendientes.
Investigación por lavado de activos
El planteamiento de la Fiscalía adquiere especial relevancia por tratarse de una investigación de carácter penal vinculada a presuntas operaciones de lavado de dinero y que involucra a varias personas. En este tipo de procesos, las decisiones sobre recusaciones no constituyen una cuestión meramente administrativa, determinan la integración de los órganos jurisdiccionales que deberán intervenir y, por tanto, pueden tener un impacto directo sobre el ritmo de la investigación y las siguientes etapas del expediente.
El urgimiento busca precisamente evitar que una cuestión incidental termine produciendo una paralización prolongada de la causa principal. El Ministerio Público sostiene que la definición resulta indispensable para continuar con las actuaciones y garantizar que el expediente no quede atrapado en una sucesión de planteamientos procesales sin resolución.
La situación también vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de los procesos penales complejos, equilibrar el derecho de las partes a ejercer plenamente sus garantías procesales con la necesidad de que las causas sean resueltas dentro de plazos razonables.
Exigen respuesta judicial
Una recusación es un mecanismo previsto para cuestionar la intervención de un magistrado cuando una de las partes considera que existen circunstancias que pueden afectar su imparcialidad. Su utilización forma parte de las garantías del debido proceso. Sin embargo, una vez planteada, debe existir una respuesta judicial que determine si corresponde admitirla o rechazarla, de manera que el expediente pueda continuar su curso.
En este caso, la defensa de Tunholi cuestionó la intervención de Luraghi, Torres y Escobar. La ausencia de una resolución desde abril llevó ahora a los fiscales a solicitar formalmente a la Sala Penal de la Corte que se expida.
El reclamo del Ministerio Público no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los procesados ni sobre la validez de los argumentos planteados por la defensa. Se trata, fundamentalmente, de una solicitud para que se resuelva el incidente que mantiene condicionado el avance del expediente.
La definición de la Corte será determinante para conocer el próximo paso procesal de la causa Nº 06/2021. Una vez resuelta la recusación y determinada la integración correspondiente, el Ministerio Público podrá continuar con las actuaciones que considere necesarias dentro de la investigación.
Evitar el “cajonamiento”
La urgencia planteada por los fiscales refleja así la necesidad de evitar que el expediente permanezca paralizado por tiempo indefinido. En una causa de alto interés público, la rapidez procesal no significa prescindir de las garantías de la defensa, sino asegurar que estas se ejerzan dentro de un procedimiento que también sea capaz de avanzar hacia una resolución.
Mientras la Sala Penal no adopte una decisión, el expediente continuará condicionado por esta controversia sobre la integración de los magistrados. Por ello, la Fiscalía busca que el máximo tribunal defina cuanto antes la recusación y despeje el principal obstáculo procesal que actualmente impide dar continuidad a las actuaciones de la causa por lavado de dinero.
Recordemos que en esta causa están acusados y con pedido de juicio oral por el Ministerio Público, el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) y los miembros del Directorio, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán.