Según Lovera, el origen del actual estancamiento se encuentra en una recusación planteada por la defensa de Celio Tunholi (uno de los miembros del Directorio del banco Atlas, acusado por la Fiscalía), representado por el abogado Enrique Kronawetter, contra los tres miembros del Tribunal de Apelación que deben resolver recursos pendientes dentro de la causa.
La recusación fue presentada el 10 de abril del 2026. Ese mismo día, los integrantes del Tribunal de Apelación recusados elaboraron los informes correspondientes y remitieron el planteamiento a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala Penal, para que determine si corresponde o no hacer lugar a la recusación.
El abogado de la Conmebol explicó que, debido a inhibiciones producidas dentro de la propia Corte, la Sala Penal debió ser integrada para analizar el caso. Actualmente, según señaló, la integran los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, aunque Lovera precisó que ministros que originalmente debían intervenir se apartaron y fue necesario conformar una nueva integración.
El problema no radica, por tanto, en la existencia de dos recusaciones distintas, sino en una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. En la Corte, en cambio, se produjeron inhibiciones de ministros por diferentes motivos, lo que obligó a conformar la actual integración de la Sala Penal que debe resolver el planteamiento.
La consecuencia procesal es directa, mientras la Corte no defina la recusación, el Tribunal de Apelación no puede resolver los últimos recursos que permanecen pendientes. Y mientras esos recursos no sean resueltos, el juzgado de primera instancia tampoco queda habilitado para avanzar hacia la audiencia preliminar que a su vez, debe admitir o no la elevación de la causa a juicio oral.
Lovera explicó que el juez ya recibió las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y la querella, con lo cual se inició formalmente la denominada etapa intermedia del proceso. Sin embargo, todavía no puede fijar fecha para la audiencia preliminar porque existen recursos pendientes de resolución en segunda instancia.
Este punto resulta particularmente relevante para la Conmebol, porque el Ministerio Público ya solicitó que la causa avance hacia un juicio oral y público. Ese pedido, sin embargo, no puede ser analizado mientras no se realice la audiencia preliminar, instancia en la que se debe determinar si corresponde elevar el caso a juicio.
“Está pendiente de tratamiento en la audiencia preliminar”, explicó Lovera al referirse al pedido de juicio oral formulado por la Fiscalía. La audiencia, agregó, no puede realizarse debido a la recusación que impide al Tribunal de Apelación resolver los últimos recursos.
El abogado recordó que el planteamiento de la defensa fue presentado el 10 de abril y que también él había recusado a los miembros del Tribunal de Apelación, pero, desde entonces, la cuestión permanece pendiente en la Corte Suprema. El transcurso de los meses sin una definición mantiene así una causa de alto impacto económico y judicial en una suerte de limbo procesal.
Para la Conmebol, que interviene como parte querellante en el expediente, la demora adquiere especial importancia por los antecedentes del caso y por el reclamo de que las responsabilidades sean determinadas en un proceso judicial. La investigación está relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero que involucran a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas y esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, además de otros miembros del Directorio del ente como Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El escenario deja expuesta una situación que excede la discusión puntual sobre una recusación, una incidencia procesal presentada en abril continúa impidiendo que el Tribunal de Apelación resuelva recursos y, en consecuencia, que el juez de primera instancia convoque a la audiencia preliminar.
Mientras la Sala Penal de la Corte Suprema no adopte una decisión, el pedido de juicio oral seguirá sin tratamiento y la causa permanecerá detenida en la etapa intermedia. El expediente, de esta manera, vuelve a quedar condicionado por los tiempos de la Justicia, mientras las partes esperan una definición que permita determinar si finalmente el caso llega al debate oral y público.
El caso reviste particular importancia del momento que la acusación del Ministerio Público se centra sobre una entidad dentro del sistema financiero, el banco Atlas, en la que su presidente y principales directivos están presuntamente involucrados en lavado de dinero, tipificado y sancionado con hasta diez años de cárcel dentro del Código Penal.