En la dinámica del mercado de compras públicas de Paraguay, la libre competencia debería garantizar que las mejores soluciones tecnológicas, operativas y económicas sean las que se adjudiquen los contratos del Estado. Sin embargo, en el ámbito de las contrataciones tecnológicas de alta escala, se ha consolidado una práctica tan silenciosa como efectiva: la judicialización y obstrucción constante de los procesos de licitación. Cuando la oferta técnica o comercial no alcanza para asegurar una adjudicación, el terreno de juego se traslada del análisis del pliego al escritorio administrativo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Un recorrido por el historial de disputas en el sector tecnológico revela un patrón sistemático utilizado por actores tradicionales como Softshop SA y su red de sociedades relacionadas. La estrategia consiste en convertir el derecho legítimo a la protesta en una herramienta de desgaste operacional hacia competidores del sector. La meta final pocas veces es corregir una irregularidad de fondo; el objetivo real es ganar tiempo, sembrar dudas en las comisiones de evaluación y suspender las aperturas de sobres o la firma de contratos mediante medidas de urgencia.
La anatomía del incidente administrativo
Para comprender cómo opera este “manual de la paralización”, es necesario analizar la mecánica burocrática de las contrataciones públicas en Paraguay. La Ley Nº 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas otorga a todos los oferentes el derecho de impugnar pliegos, solicitar aclaraciones o protestar resoluciones de adjudicación. Este mecanismo existe para proteger la transparencia del erario público. Sin embargo, cuando este recurso se activa de forma recurrente ante cada proceso relevante donde la firma no resulta favorecida o donde se percibe la irrupción de un competidor fuerte, el instrumento pierde su naturaleza ética y se convierte en una barrera de entrada al mercado.
El método despliega una serie de etapas previsibles:
1. Impugnación preventiva de pliegos: Cuestionamiento minucioso a las especificaciones técnicas requeridas por las instituciones convocantes (como el Banco Nacional de Fomento o la Ande), bajo la narrativa de que las condiciones benefician a terceros.
2. Solicitud de medidas de suspensión: Pedido de medidas cautelares ante la DNCP para detener el avance de la licitación, paralizando la adopción de nuevas tecnologías en instituciones que operan al límite de su capacidad operativa.
3. Desgaste por protestas cruzadas: Generación de un entorno de conflictividad administrativa que fuerza a las comisiones evaluadoras a posponer fallos por temor a represalias legales o investigaciones internas.
El resultado práctico es la parálisis de proyectos críticos. Mientras los abogados redactan incidentes y la DNCP evalúa los recursos, la ciudadanía sigue padeciendo sistemas informáticos lentos en el IPS, caídas en la banca pública o retrasos en la modernización de los servicios de distribución eléctrica.
El costo de la parálisis tecnológica para el Estado
Las consecuencias de esta estrategia de tensión constante no se miden únicamente en el ámbito de las disputas corporativas privadas. El verdadero damnificado de la paralización táctica de las licitaciones es el usuario final de los servicios públicos. Cuando un proceso para la provisión de infraestructura o software de misión crítica se suspende por meses debido a una marea de impugnaciones, la institución convocante queda atrapada en un callejón sin salida: o extiende contratos obsoletos mediante adendas de emergencia con el proveedor saliente, o interrumpe la prestación del servicio.
En ambos escenarios, la firma que domina el statu quo sale ganando. Si la licitación se suspende, la institución se ve forzada a mantener las contrataciones vigentes para evitar el colapso operativo, asegurando la continuidad de la facturación en un mercado virtualmente cautivo. Esta paradoja de la contratación pública en Paraguay demuestra cómo la hiperjudicialización de los procesos se traduce en un negocio redondo para las estructuras consolidadas, al tiempo que sofoca la innovación que podrían aportar nuevos actores con soluciones más eficientes y costos competitivos.
El silencio de los pliegos y la necesidad de fiscalización
Exhibir una trayectoria de tres décadas e invocar el tamaño de la facturación global no exime a ninguna corporación de responder ante el escrutinio de sus prácticas comerciales en el ámbito público. El uso de la DNCP como una trinchera para dilatar la competencia es una realidad que el sector tecnológico conoce bien, pero que pocas veces se discute de forma abierta.
La libre competencia no consiste únicamente en la facultad de presentarse a una licitación; implica someterse al dictamen de las evaluaciones técnicas sin utilizar el aparato administrativo del Estado como un mecanismo de veto corporativo. Cuando las protestas dejan de ser la excepción de un proceso viciado para convertirse en la norma de una estrategia de mercado, la pregunta que la sociedad y los organismos de control deben plantearse es clara: ¿se busca proteger la transparencia de la compra pública o blindar una cuota de mercado?
En nuestra siguiente entrega ingresaremos directamente al corazón de las contrataciones ejecutadas. Analizaremos los expedientes del BNF, la Ande y el IPS que han registrado retrasos, adendas millonarias de tiempo y observaciones en sus actas de recepción, para determinar qué ocurre cuando la estrategia de retener contratos choca con la realidad de los entregables técnicos.