Al cierre del primer semestre del 2026 la economía paraguaya atraviesa un momento favorable, pero no exento de contradicciones. El país crece, mantiene la inflación bajo control y conserva una estabilidad que lo distingue en la región. Al mismo tiempo, muchas familias siguen sintiendo presión en algunos productos esenciales, las cuentas públicas tienen poco margen y la Caja Fiscal continúa absorbiendo recursos que podrían destinarse a otras necesidades.
No se trata de dos países distintos, sino de una misma economía observada desde lugares diferentes. Desde arriba, los números muestran orden y crecimiento. Desde la mesa familiar, lo importante es cuánto alcanza el salario, si existe un empleo estable y si los servicios públicos responden cuando se los necesita.
El Banco Central proyecta para el 2026 un crecimiento de 4,5% y una inflación de 3,3%, mientras la variación interanual de los precios se ubicó en 2,1% en junio. Es una combinación positiva: permite que la producción avance sin que una suba generalizada del costo de vida borre sus beneficios. La estabilidad protege el ahorro, facilita la planificación de las empresas y reduce la incertidumbre de los hogares.
Sin embargo, la inflación promedio no siempre coincide con la inflación que cada persona siente. Para una familia con ingresos limitados, el aumento de la carne, las verduras, el transporte o algún servicio básico pesa mucho más que para un hogar con mayor capacidad económica. Quien destina casi todo su ingreso a necesidades esenciales tiene pocas posibilidades de sustituir productos o postergar gastos. Por eso, una inflación baja debe analizarse junto con la evolución de los salarios, el empleo y los precios concretos de la vida cotidiana.
El desafío es convertir el crecimiento en bienestar más extendido. La distancia entre la macroeconomía y la calle se reduce cuando aparecen empleos formales, aumenta la productividad, mejora el acceso al crédito y los ingresos familiares avanzan de manera sostenible.
La ratificación del grado de inversión por parte de Moody’s aporta una mirada externa útil. La calificadora mantuvo a Paraguay en Baa3, con perspectiva estable, y destacó el crecimiento, el nivel relativamente bajo de la deuda pública, la credibilidad de la política monetaria y la continuidad del marco de responsabilidad fiscal. También valoró las inversiones y la diversificación productiva como factores que fortalecen al país frente a eventuales crisis.
Este reconocimiento puede facilitar el acceso a financiamiento en mejores condiciones y fortalecer la confianza de los inversionistas. Pero su verdadero valor aparecerá cuando esa confianza se traduzca en infraestructura, innovación, nuevas empresas y empleos de calidad. La calificación debe ser una herramienta para ampliar oportunidades dentro del país, no solamente un distintivo internacional.
Moody’s también identificó debilidades: una base de ingresos fiscales limitada, una porción alta de la deuda denominada en moneda extranjera, exposición a eventos climáticos y la necesidad de fortalecer las instituciones. El grado de inversión confirma que Paraguay construyó una base sólida; no significa que el trabajo esté terminado.
Esta observación conecta directamente con el frente fiscal. Al cierre del primer semestre, el déficit de la Administración Central alcanzó 1,2% del PIB y, medido en los últimos 12 meses, se ubicó en 2,6%. Lo importante aquí es comprender lo que revela el fisco: los ingresos no avanzan al mismo ritmo que los gastos vinculados a medicamentos, remuneraciones, jubilaciones, programas sociales e inversión.
El problema no es que el Estado atienda la salud, la educación, la seguridad o la protección social. La dificultad es cuando los gastos permanentes crecen más rápido que los ingresos capaces de sostenerlos. En esas condiciones, el retorno al límite de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal se vuelve más exigente.
La respuesta no debería ser un recorte indiscriminado que afecten esos gastos esenciales. Tampoco puede limitarse a aumentar impuestos sin mejorar la calidad del gasto. Paraguay necesita ampliar su base contributiva mediante una mayor formalización, combatir la evasión, revisar exoneraciones poco efectivas y evaluar con mayor rigor cada programa público. La disciplina fiscal no consiste solo en gastar menos, sino en recaudar mejor y gastar con mayor impacto.
La Caja Fiscal representa la presión más visible. Durante el primer semestre, los aportes cubrieron alrededor del 58% de las jubilaciones y pensiones, dejando un déficit cercano a USD 216 millones que debió financiarse con recursos públicos. Esa diferencia la paga toda la sociedad, porque compite con el presupuesto destinado a salud, educación, seguridad e infraestructura. La incorporación gradual de trabajadores contratados al régimen previsional, alrededor de 80.000 personas, puede mejorar el flujo de aportes y reconocer derechos jubilatorios a quienes estuvieron fuera del sistema. Es un avance importante, pero no una solución definitiva.
Los nuevos cotizantes también generarán obligaciones futuras. Sin una relación equilibrada entre aportes, años de servicio, edades de retiro y beneficios, el alivio actual podría convertirse mañana en una nueva presión. Por eso, la reforma previsional deberá continuar sobre bases técnicas, graduales y equitativas.
Paraguay tiene hoy algo valioso: estabilidad, crecimiento y reconocimiento internacional. Ese escenario abre oportunidades para atraer inversiones, financiar proyectos y generar empleos de mayor calidad. Pero también impone una responsabilidad. El grado de inversión debe convertirse en inversión real; el crecimiento, en mejores ingresos; la estabilidad de precios, en alivio para la mesa familiar, y el orden macroeconómico, en mejores servicios públicos.
Los buenos números son motivo de confianza, no de conformismo. La economía será verdaderamente exitosa cuando sus resultados puedan verse también en la tranquilidad de una familia que llega a fin de mes, en un joven que encuentra empleo y en un jubilado que sabe que su derecho está asegurado.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.