El contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas SA nació en el 2017 con la promesa de agilizar la construcción de hospitales mediante un moderno mecanismo financiero. Casi una década después, el panorama es diametralmente opuesto.
Las principales obras acumularon importantes retrasos y deudas, y las auditorías internas y externas identificaron numerosas irregularidades administrativas y financieras en la ejecución del fideicomiso por G. 828.800 millones, mientras que el fiduciario continúa administrando mensualmente recursos provenientes de los aportes de cientos de miles de trabajadores paraguayos.
Sin embargo, existe otro elemento que vuelve aún más delicada la continuidad del contrato. Los principales directivos del banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros) fueron acusados por el Ministerio Público en la causa penal N° 06/2021 por el supuesto hecho punible de lavado de dinero, en una investigación relacionada con los fideicomisos constituidos por el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
La coincidencia de ambos escenarios –un fideicomiso del IPS severamente cuestionado por auditorías y un banco fiduciario cuyos directivos enfrentan una acusación penal– plantea una pregunta inevitable; ¿evaluó el IPS el riesgo institucional y reputacional de mantener vigente este contrato hasta 2037?
Las autoridades que impulsaron el fideicomiso defienden el esquema como un mecanismo eficiente para acelerar las inversiones hospitalarias. Sin embargo, las auditorías practicadas posteriormente describen una realidad muy diferente.
Los informes identifican incumplimientos contractuales, debilidades en los controles, deficiencias en la supervisión del fiduciario, modificaciones de obras, retrasos significativos y observaciones que comprometen la transparencia del manejo de aproximadamente G. 828.800 millones.
En términos prácticos, las auditorías concluyen que el mecanismo distó considerablemente de cumplir los estándares de eficiencia y control que justificaron su implementación.
La situación resulta especialmente sensible porque los recursos administrados no pertenecen al Estado en sentido estricto, sino que provienen de los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores destinados a sostener el sistema previsional.
El rol del fiduciario
En un contrato de fideicomiso, el fiduciario no es un simple intermediario financiero.
La Ley Nº 921/96 establece que los bienes fideicomitidos conforman un patrimonio autónomo cuya administración debe realizarse con estricta diligencia y conforme a los fines establecidos por el fideicomitente.
En otras palabras, el fiduciario tiene el deber de proteger los intereses del patrimonio que administra.
Por ello, las observaciones formuladas por las auditorías adquieren especial relevancia, ya que involucran precisamente la actuación de quien debía ejercer el mayor nivel de control sobre la ejecución financiera del contrato.
Y mientras las auditorías revelaban deficiencias en el fideicomiso del IPS, el Ministerio Público avanzaba en otra investigación que terminó con la acusación de varios directivos del banco Atlas.
De acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, el directorio del banco aprobó contratos fiduciarios relacionados con bienes atribuidos a Nicolás Leoz cuando ya existían múltiples indicadores de alto riesgo, publicaciones internacionales sobre el caso FIFAgate, un pedido de extradición y obligaciones regulatorias que exigían medidas reforzadas de debida diligencia.
Corresponderá al Poder Judicial determinar, mediante un juicio oral y público, si existe o no responsabilidad penal; sin embargo, para el Ministerio Público se han reunido los presupuestos para sostener la acusación por lavado de dinero en contra del presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), y los miembros del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
¿Qué espera el IPS?
Hasta hoy, el IPS no ha informado públicamente si realizó una evaluación integral del riesgo reputacional que implica mantener como fiduciario a una entidad cuyos directivos afrontan un proceso penal de alta repercusión.
Tampoco se conocen estudios que expliquen por qué, pese a las severas observaciones formuladas por las auditorías sobre el manejo de G. 828.800 millones, el contrato continúa inalterable hasta el año 2037.
La continuidad del fideicomiso tampoco parece haber generado un debate profundo dentro del Consejo de Administración del IPS ni en los organismos encargados de velar por la transparencia en el manejo de recursos públicos. En los mercados financieros modernos, la confianza constituye un activo tan importante como el capital.
Cuando una entidad financiera enfrenta cuestionamientos derivados de auditorías sobre un contrato público y, paralelamente, sus máximos directivos son acusados por el Ministerio Público en una causa por presunto lavado de dinero, resulta razonable que la ciudadanía exija explicaciones.
La presunción de inocencia de los acusados debe ser plenamente respetada. Pero ese principio no elimina el deber de las instituciones públicas de evaluar permanentemente los riesgos legales, operativos y reputacionales de los contratos que administran recursos de la seguridad social.
Los aportes obrero-patronales representan el ahorro previsional de cientos de miles de paraguayos. Por ello, la verdadera discusión ya no gira únicamente sobre la legalidad del contrato firmado hace años.
La cuestión central es otra: ¿puede una institución encargada de proteger el patrimonio de los trabajadores justificar la permanencia del mismo fiduciario hasta el 2037, cuando las auditorías cuestionan la gestión del fideicomiso y los principales directivos del banco enfrentan una acusación penal que se encamina hacia el juicio oral?
Esa respuesta ya no interesa solamente a los asegurados del IPS. Interesa a todo el sistema financiero paraguayo y al estándar de transparencia que debe regir la administración de los recursos públicos.