López niega irregularidades, mientras avanzan las investigaciones
El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, salió al paso de los cuestionamientos formulados por la Contraloría General de la República y por la auditoría interna de la previsional respecto al fideicomiso de US$ 150 millones impulsado durante su administración. En una entrevista concedida al programa Tribu Nativa de La Tribu 650 AM, defendió la legalidad del mecanismo, rechazó cualquier beneficio indebido para la entidad fiduciaria y atribuyó las críticas a interpretaciones erróneas de los informes técnicos, pese a que solo estuvo seis meses, dicho por él mismo, en la ejecución del contrato que se firmó en el 2017 y lleva ya casi una década de vigencia.
Sin embargo, las auditorías preliminares sostienen interrogantes sobre la modificación del contrato fiduciario, la utilización efectiva de los fondos y la correspondencia entre el destino originalmente aprobado por el Consejo de Administración y la ejecución posterior de los recursos.
El punto que concentra las sospechas
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la incorporación del denominado “quinto punto” del contrato fiduciario, que habilitó el financiamiento de “otros centros de salud”. Según la auditoría interna, la propuesta inicial remitida a la entidad fiduciaria no contemplaba esa cláusula, mientras que posteriormente ese apartado terminó absorbiendo cerca del 76 % de los recursos destinados a infraestructura.
López sostuvo que la modificación fue aprobada formalmente por el Consejo de Administración mediante una resolución firmada por todos sus integrantes y argumentó que esa flexibilidad permitió atender necesidades urgentes en hospitales y servicios del interior del país. Curiosamente, ese documento sigue sin aparecer tanto para los auditores internos como para la propia Fiscalía que investiga el contrato.
Precisamente esa amplitud en la redacción es uno de los aspectos observados por los auditores, quienes consideran que dificultó el control sobre el destino específico de los fondos.
Una explicación que traslada responsabilidades
Durante la entrevista, el exministro defendió el diseño del fideicomiso y sostuvo que el instrumento fue creado para evitar que se repitieran situaciones ocurridas en administraciones anteriores, cuando recursos jubilatorios fueron utilizados sin posterior restitución.
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También afirmó que, si en años posteriores el dinero terminó financiando gastos corrientes o salarios, esa responsabilidad corresponde exclusivamente a las administraciones que ejecutaron dichos desembolsos y no a quienes diseñaron el mecanismo financiero.
Sin embargo, ese argumento no despeja uno de los cuestionamientos centrales que plantean las auditorías: si el contrato contemplaba controles suficientes para impedir precisamente ese tipo de utilización de recursos.
Las cuentas de caución y los intereses
Otro de los puntos observados corresponde al manejo de las cuentas de caución abiertas durante la ejecución del fideicomiso.
López aseguró que dichas cuentas se encuentran reguladas por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y que, por su naturaleza jurídica, no generan intereses a favor del fideicomiso, descartando cualquier beneficio irregular para la entidad fiduciaria.
Aun así, los órganos de control mantienen abierta la revisión sobre el circuito financiero completo y la forma en que fueron administrados los fondos.
Sin imputaciones, pero bajo investigación
El expresidente de la previsional confirmó haber declarado ante el Ministerio Público en carácter de testigo y señaló que hasta el momento no existe imputación contra los integrantes del Consejo de Administración de ese período.
Las investigaciones, sin embargo, continúan abiertas y buscan determinar si durante la estructuración y ejecución del fideicomiso existieron decisiones administrativas que pudieron apartarse de los objetivos originalmente aprobados.
La advertencia sobre las inversiones actuales
En la parte final de la entrevista, López trasladó el debate hacia la política actual de inversiones del IPS. Cuestionó las modificaciones introducidas en los criterios de colocación de fondos, advirtiendo que privilegiar exclusivamente mayores tasas de rentabilidad sin evaluar suficientemente la solvencia de las entidades receptoras podría aumentar el riesgo para los recursos jubilatorios.
No obstante, esa advertencia quedó en un segundo plano frente a las preguntas sobre el fideicomiso impulsado durante su propia gestión, que continúa siendo objeto de análisis por parte de los organismos de control.