Por un “cabo suelto” en el contrato de fideicomiso del IPS con el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros), la entidad bancaria recauda diariamente todo el aporte obrero/patronal. Estos fondos, según el leonino contrato de fideicomiso, pueden quedar retenidos hasta por 30 días en la entidad bancaria que puede acumular hasta un monto de G. 160.000 millones (USD 26,2 millones) sin devengar un solo guaraní de interés para los fondos de salud y jubilaciones del instituto.
Concebido originalmente como una herramienta de ingeniería financiera para blindar y administrar fondos destinados a infraestructura hospitalaria, cuya administración está siendo investigada por la Fiscalía, el fideicomiso terminó abriendo un grifo por el que se escurren millonarios fondos que legítimamente deberían generar dividendos y engrosar las arcas de la previsional.
De esta forma, el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el banco Atlas SA vuelve a estar bajo la lupa por el esquema financiero establecido para la administración de los aportes obrero-patronales destinados al sistema de seguridad social.
Este pacto financiero, firmado en el año 2017 por un plazo de 20 años, se ha convertido en una “aduana financiera” del dinero de los trabajadores. El mecanismo del contrato obliga al IPS a entregar toda su recaudación diaria del Fondo de Salud a las cuentas del banco Atlas. La entidad bancaria puede retener y disponer de una reserva de hasta G. 160.000 millones durante 30 días seguidos, todos los meses.
Lo grave de esta operación es que el dinero se queda congelado en el banco sin generar dividendos ni intereses a favor del fondo de salud. Mientras los hospitales del IPS sufren por falta de insumos, camas y remedios, el banco Atlas SA usa esos recursos de forma gratuita para sus propios intereses, lucrando así con dinero de los trabajadores. A través de este contrato, el banco maneja una enorme masa de dinero fresco para sus negocios.
La controversia surge a partir de la pregunta: ¿cómo es posible que semejante volumen de capital no genere utilidades inmediatas para su propietario real? La respuesta radica en la “letra chica” del contrato fiduciario. El diseño del convenio otorgó a la entidad bancaria una ventana de tiempo altamente ventajosa, el banco Atlas SA cuenta con la potestad de acumular y administrar esos fondos de recaudación por un período de hasta 30 días antes de realizar la liquidación o el traspaso final a las cuentas definitivas del fideicomiso.
Durante ese mes de gracia, el dinero de los asegurados entra en un “limbo” normativo. Para el IPS, las sumas están congeladas en términos de rentabilidad, pero para la ingeniería comercial de la entidad financiera privada representan una inyección líquida de capital diario de altísima disponibilidad y seguridad. Con G. 160.000 millones ingresando de forma constante cada mes, el banco adquiere una capacidad de maniobra en el mercado interbancario y de colocación de créditos a corto plazo a un costo de fondeo exactamente igual a cero.
En tanto la previsional languidece por las necesidades, los recursos destinados a paliar tales deficiencias terminan apalancando la operatividad del ámbito privado sin costo alguno.
Con un flujo mensual estimado en G. 160.000 millones, una duración contractual de 20 años y la falta de generación de intereses para el IPS como principal cuestionamiento, el acuerdo plantea interrogantes sobre la conveniencia económica del modelo elegido y sobre la necesidad de revisar si las condiciones actuales garantizan el mejor resultado para la institución previsional, aunque así como está planteado el acuerdo, es altamente perjudicial para los intereses de los trabajadores.
Bajo investigación de la Fiscalía
Cabe mencionar que por este mismo contrato fiduciario el Ministerio Público investiga penalmente al banco Atlas SA por una presunta malversación y lesión de confianza. El fideicomiso original se creó para administrar un total de G. 828.000 millones de los fondos de jubilación. El objetivo inicial era financiar obras y nuevos centros de salud para los asegurados. Sin embargo, las obras no se terminaron o no se realizaron. Además, se incluyeron cláusulas polémicas, como el llamado “Punto 5”, que permitió desviar recursos hacia otros fines no planificados originalmente. El banco se defendió a través de comunicados públicos, alegando que la responsabilidad de elegir y verificar las obras era solo del IPS y que ellos solo seguían órdenes de pago; sin embargo, los directivos del banco no supieron responder, hasta ahora, al propio Ministerio Público, que ordenó la inclusión del “Punto 5” que permitió el descalabro financiero del contrato y el incumplimiento del mismo.
Recordemos igualmente que, en otra causa penal (Nº 06/2021), el presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán están acusados formalmente y pesa sobre ellos un pedido de juicio oral y público por presunto lavado de dinero.
