El desarrollo económico paraguayo enfrenta nuevamente un desafío externo de gran magnitud. La reciente decisión del gobierno argentino de llamar a una nueva licitación pública internacional para la concesión del mantenimiento, dragado y señalización del tramo fluvial que conecta Buenos Aires con Confluencia ha encendido todas las alarmas en el vital sector agroexportador nacional. El motivo de preocupación es simple y directo, cualquier incremento en el peaje actual, fijado hoy en USD 1,30 por tonelada de registro neto de carga, encarecería drásticamente el transporte y amenazaría nuestra competitividad comercial en toda la región.
Julio César Vera, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en comunicación con el programa “Espresso Informativo”, abordó esta delicada coyuntura enfatizando que, si bien Argentina actúa lógicamente bajo el firme amparo de su soberanía territorial, existe un marco legal supranacional que es irrenunciable, el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Dicho tratado, suscrito por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, estipula claramente en su artículo 9 que toda obra realizada en tramos soberanos y que devenga un peaje debe justificarse como una prestación directa que favorezca y facilite efectivamente la navegación.
La mediterraneidad y sus costos
La condición de país sin litoral marítimo ya impone una carga estructural inmensa a nuestra economía. Según datos históricos recordados por Vera, hace una década la mediterraneidad representaba un sobrecosto estimado entre USD 150 millones y USD 180 millones anuales para Paraguay. En un contexto económico donde la Vía Navegable Troncal canaliza cerca del 70% de nuestras exportaciones, cualquier variación tarifaria es un duro golpe directo al bolsillo del productor, del importador y, en última instancia, del consumidor final que asume los costos.
Asimismo, explicó para La Tribu 650 AM que, a pesar de la natural incertidumbre internacional, la ANNP se enfoca decididamente en maximizar la eficiencia de los tramos soberanos y compartidos para contrarrestar efectos adversos como el dragado preventivo y continuo, con intervenciones activas en los tramos Río Apa-Concepción, Concepción-Asunción y Asunción-Confluencia para mantener el calado. De la misma forma, la remoción de rocas submarinas, con un diagnóstico de 15 puntos críticos mediante alianzas, avanzando para garantizar el flujo logístico sin interrupciones.
Así como la señalización fluvial inteligente, ya que el país instaló 18 boyas de alta tecnología, proyectando superar las 150 unidades operativas en el futuro a corto plazo.
Estas acciones estratégicas apuntan a consolidar una verdadera “autopista fluvial”. El objetivo económico proyectado por la actual administración es ambicioso pero muy necesario, elevar las 25 millones de toneladas transportadas en el último año a un volumen sostenido de entre 40 y 45 millones de toneladas en los próximos cuatro años, abaratando el flujo comercial de forma sustancial.
Reavivar conflictos
Ante el fundado temor de que la empresa adjudicada en Argentina pretenda cobrar un peaje superior a los USD 1,30, Vera se muestra sumamente cauteloso. Su expectativa es que las ofertas no superen los valores vigentes e, incluso, que se negocie una oportuna “quita” o reducción comercial. No obstante, advierte de manera tajante: si la tarifa sube injustificadamente y sin obras de dragado reales que la respalden firmemente, se reavivarán los conflictos diplomáticos con todos los países vecinos, quienes ya exigen el estricto cumplimiento del tratado multilateral para preservar el desarrollo armónico del Cono Sur.
A TENER EN CUENTA:
1- Amenaza económica por el posible aumento del peaje fluvial: La decisión de Argentina de licitar el mantenimiento del tramo Buenos Aires-Confluencia genera gran preocupación en Paraguay. Un aumento del peaje (actualmente en 1,30 dólares por tonelada) encarecería drásticamente las exportaciones e importaciones, agravando los altos costos que ya enfrenta Paraguay por ser un país sin salida directa al mar (mediterraneidad).
2- Exigencia del cumplimiento de tratados internacionales: Paraguay advierte que cualquier cobro o aumento de peaje debe estar estrictamente justificado con obras o servicios reales que faciliten la navegación, tal como lo exige el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Si se impone una subida injustificada de la tarifa, se reavivarán los conflictos diplomáticos con los países vecinos que comparten la hidrovía.
3- Estrategia interna de mitigación e inversión en infraestructura: Para contrarrestar la incertidumbre externa y mejorar la competitividad, Paraguay (a través de la ANNP) está ejecutando obras en sus propios tramos y áreas compartidas. Estas incluyen el dragado continuo, remoción de rocas y señalización inteligente, con el ambicioso objetivo de crear una “autopista fluvial” que permita casi duplicar el volumen de toneladas transportadas en los próximos cuatro años.