El caso Doha Holding–Petropar amerita una investigación seria, rigurosa y completa. Hubo un contrato millonario incumplido, una provisión de gasoil que no llegó y una decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de abrir un sumario administrativo contra la firma y las personas que, según el expediente, sí tuvieron actuación concreta en el proceso. Eso es lo relevante. Eso es lo que debe ser investigado.
Pero ABC eligió otro camino: convertir el caso en una operación de sospecha contra Alejandro Domínguez Pérez y, por extensión, contra su padre, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, aunque el propio expediente administrativo no sostiene esa vinculación operativa.
La diferencia no es menor. No se trata de una interpretación política ni de una defensa interesada. Se trata de lo que dice la documentación de la DNCP. El dictamen de instrucción del caso DNCP/DGAJ N° 4349/26, fechado el 12 de mayo de 2026, deja constancia de que Alejandro Domínguez Pérez fue evaluado por aparecer con un poder de representación de Doha Holding Group LLC, pero no fue sumariado porque no se comprobó que haya ejercido esa representación en ninguna etapa del proceso licitatorio ni en la ejecución contractual.
Ese es el punto que ABC intenta licuar detrás de un título cargado de intención. Una cosa es figurar formalmente en un registro o aparecer mencionado en documentos societarios. Otra, muy distinta, es haber participado en la presentación de la oferta, la firma del contrato, la ejecución del acuerdo o la aprobación de las adendas. Y la DNCP fue clara: no encontró actuación concreta de Domínguez Pérez.
El propio dictamen citado por la DNCP señala que “no se observa que haya ejercido dicha representación” en las etapas del proceso, razón por la cual el juzgado instructor no consideró pertinente abrir sumario contra él. En otras palabras: su nombre fue revisado, analizado y descartado para el sumario. No fue omitido. No fue protegido. No fue escondido. Fue excluido por falta de hechos.
Ahí aparece la maniobra informativa. ABC coloca a Domínguez Pérez en el centro visual y narrativo de una historia en la que la autoridad competente concluye que no tuvo participación. Lo hace con una técnica conocida: usar el nombre como anzuelo, explotar el apellido como carga política y relegar el dato exculpatorio a un párrafo defensivo. Así se instala una sospecha sin necesidad de probarla.
La DNCP, en cambio, sí identificó a quienes debían ser sumariados: personas cuya participación activa quedó acreditada, ya sea como accionistas, representantes que suscribieron documentos o intervinientes en las adendas vinculadas al contrato. Ese es el núcleo del expediente. Pretender desplazar el foco hacia alguien a quien la propia investigación no vincula con actos concretos no es periodismo de investigación; es manipulación editorial.
La gravedad del caso Doha Holding–Petropar no necesita artificios. Hay un contrato fallido, una empresa que no cumplió con la entrega de combustible y un perjuicio institucional que debe ser aclarado. Pero precisamente por eso la cobertura debe ser precisa. Si la DNCP sumaria a una firma y a determinados sujetos, el periodismo responsable debe explicar quiénes son, qué hicieron y qué documentos los comprometen. No inventar un protagonista porque su apellido sirve para otro objetivo.
El doble estándar también merece ser señalado. Cuando los procesos judiciales o administrativos afectan a adversarios de ABC, el diario construye titulares condenatorios antes de que hablen los expedientes. Pero cuando las investigaciones rozan intereses cercanos a su propio entorno empresarial o familiar, el discurso cambia: entonces aparecen las palabras “persecución”, “ataque” o “campaña”.
Ese contraste resulta particularmente evidente si se recuerda que, en el caso FIFA-Gate, la Conmebol impulsó acciones para recuperar fondos presuntamente desviados, incluyendo una denuncia penal por lavado de dinero contra directivos del banco Atlas SA. En esa causa aparece mencionado Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color, junto con otros procesados por lavado de activos, según publicaciones sobre las diligencias respaldadas por el Congreso de la Conmebol.
Ese antecedente ayuda a entender el trasfondo. Alejandro Domínguez Wilson-Smith encabeza una ofensiva judicial para recuperar recursos del fútbol sudamericano desviados durante el FIFA-Gate. Esa gestión recibió respaldo unánime de las diez asociaciones miembro de la Conmebol. Al mismo tiempo, ABC insiste en instalar sombras sobre su familia mediante una cobertura que omite el dato central: la DNCP no encontró participación de Alejandro Domínguez Pérez en el proceso Doha–Petropar.
La pregunta, entonces, no es por qué Domínguez Pérez no fue sumariado. La respuesta está en el expediente: porque no hay actuación concreta atribuible a él. La pregunta real es por qué ABC insiste en presentarlo como figura central de una trama de la que la DNCP lo excluyó jurídicamente.
El caso Doha Holding debe investigarse hasta el final. Petropar debe explicar cómo se llegó a un contrato millonario incumplido. La DNCP debe avanzar contra quienes sí aparecen comprometidos en el expediente. Pero el periodismo no puede reemplazar los hechos por insinuaciones. Mucho menos puede convertir la ausencia de participación en una sospecha fabricada.
Lo que muestran la investigación y los resultados de la DNCP es claro: hubo base para abrir sumario contra Doha Holding y determinadas personas vinculadas a la ejecución del contrato; no la hubo contra Alejandro Domínguez Pérez. ABC puede intentar disfrazar esa diferencia con titulares, fotos y asociaciones forzadas. Pero el expediente dice otra cosa.
Y cuando el expediente contradice al titular, el problema ya no está en el investigado. Está en el medio que decidió manipular la información.