En términos objetivos, el proceso de lavado de dinero que involucra al Directorio del banco Atlas requiere de una aproximación coherente y tuitiva de lo que realmente está en juego, que es la confianza y credibilidad en el sector financiero.
Hablamos del caso más delicado en las últimas décadas del sistema financiero, y ello amerita un tratamiento prudente, responsable y que salvaguarde la imagen del sector, tan importante para la economía, pero a la vez tan frágil y vulnerable a noticias de esta naturaleza.
Sin entrar a tallar algún tipo de juicio de valor, la situación del presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y de los demás miembros del Directorio acusados por el Ministerio Público es grave, es sensible y debe ser abordada por las autoridades de turno como tal.
El banco Atlas es una entidad que cuenta con la licencia bancaria correspondiente y participa dentro de un sistema rigurosamente controlado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, de Valores y de Seguros, pues opera en todas estas ramas bajo la vigilancia del Banco Central del Paraguay.
No quedan dudas sobre la solvencia y los buenos indicadores de la entidad a lo largo de los años: precisamente por ello, para salvaguardar su performance en el corto, mediano y largo plazo, y para velar por la confianza e integridad del sistema financiero en su conjunto, los directivos acusados por lavado de dinero deberían dar un paso al costado, interín se sustancia el proceso penal, pasando por todas las etapas correspondientes, hasta que se dirima la cuestión en sede jurisdiccional y el Poder Judicial adopte las medidas pertinentes, ya sea condenando o absolviendo.
Otro tema no menor es que, por primera vez en la historia del sistema financiero, se ha solicitado el comiso de los bienes del banco Atlas, lo que marca un precedente gravísimo que no puede ser desatendido por el BCP, por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ni por los demás organismos técnicos que velan por la cuestión.
Es sabido que la confianza es el principal y más importante activo de los bancos.
Justamente por ello, cuesta creer que inversores, clientes, tenedores de bonos, bancos corresponsales, fondos internacionales y organismos multilaterales, además de proveedores, contrapartes y aliados, puedan continuar depositando su “confianza” en una entidad cuyos directivos se exponen nada más y nada menos que a ¡10 años! de pena carcelaria.
Pese a que existen estrictas regulaciones y normas de AML (anti money laundering), el banco Atlas hizo caso omiso a las mismas, contribuyendo a “lavar” la enorme suma de dinero proveniente de las cuentas de Nicolás Leoz, a través de figuras de fideicomisos. Simplemente, no se observaron las normas, no se detectaron operaciones sospechosas, se recibieron alegremente millones de dólares en efectivo y, naturalmente, los directivos del banco son los responsables de tal descalabro, por lo que ahora deben rendir cuentas ante la Justicia.
El proceso ingresa ahora a una fase crucial, donde las audiencias preliminares y un posterior juicio oral determinarán las responsabilidades inherentes a cada acusado, con penas privativas de libertad que podrían escalar hasta 10 años, conforme lo dicta el Código Penal.
Las graves falencias detectadas en el banco deben ser investigadas en el fuero penal, pero también –objetivamente– se espera una mayor intervención del Banco Central del Paraguay, cuya credibilidad también está en juego, puesto que la propia investigación penal ha deslizado una irregular supervisión por parte de los inspectores de la Superintendencia de Bancos.
Se espera que el BCP, acaso la entidad que goza de mayor renombre entre las instituciones públicas locales, proceda en consecuencia e inicie los sumarios correspondientes, adoptando las medidas administrativas de rigor, deslindando responsabilidades, aplicando multas pecuniarias si así fuese necesario, e inhabilite a los directivos del banco Atlas.
No puede desconocerse que nos encontramos ante una investigación penal de naturaleza eminentemente técnica, con un caudal enorme de frondosas evidencias que sitúan a los directivos del banco Atlas en el centro mismo de un escandaloso hecho punible de lavado de dinero.
Esto golpea la confianza no solamente del banco Atlas, sino de todo el sistema financiero paraguayo, por lo que deben adoptarse las medidas penales, civiles y administrativas para evitar que este delicado caso escale y ponga en riesgo la credibilidad del sector y de toda la economía nacional. El objetivo debe ser claro e indubitable: tratamiento localizado para aislar el problema y evitar que haga metástasis.
De lo contrario, Paraguay podría volver a caer en la lista gris del GAFI y perder la reputación que ha sabido ganar como una jurisdicción financiera seria, estable y predecible.
Si priman el raciocinio y la coherencia, el presidente del banco Atlas y los demás directivos acusados por lavado de dinero deberían poner sus respectivos cargos a disposición, de manera a que no se termine manchando a todo el sistema financiero y se preserve la confianza, la legitimidad y la credibilidad que tanto costó construir a lo largo de los últimos 30 años.