En un mundo de alta volatilidad financiera, la reciente elevación de la deuda soberana paraguaya al grado de inversión por parte de Moody’s, S&P y Fitch Ratings marca un parteaguas. Para los analistas, este reconocimiento no surge de la nada, representa la cristalización de un arduo esfuerzo de tres largas décadas. Al cerrar el último año con una expansión del 6,6%, una desocupación del 3,6% y un nivel de pobreza del 16% (una drástica caída frente al 29% de hace una década), las cifras demuestran que la estabilidad macroeconómica rinde sus dividendos tangibles y plenamente duraderos.
El largo trayecto arrancó en 1989. La transición democrática expuso un aparato estatal raquítico, caracterizado por una recaudación fiscal deficiente, un sistema bancario sumamente endeble y un gasto excesivo. Las sucesivas crisis de 1995, 1997 y 2002 golpearon con dureza a la población vulnerable, pero catalizaron el cambio. La Constitución de 1992 cimentó la independencia del Banco Central del Paraguay (BCP). En el 2003, bajo un clima de emergencia, se pactó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó en la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y fijó una ruta de disciplina que todavía perdura en todo el gran país.
A partir del 2010, el país aceleró su maduración. Dejó de ser solo una economía estable para edificar un andamiaje técnico muy sólido. Tres medidas resultaron determinantes, la adopción de metas de inflación en el 2011, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2013 para anclar el déficit y una gran reforma tributaria en el 2019. Esta última corrigió una presión fiscal inferior al diez por ciento, empujando los ingresos por encima del 11%. Gracias a este colchón se mitigaron los golpes de la pandemia. Las presiones para modernizar la recaudación y evitar estancamientos aún siguen.
La etapa más reciente de la transformación apunta al núcleo de la administración pública. En el 2023 se conformó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aglutinando funciones previamente dispersas para erradicar duplicidades y profesionalizar la toma de decisiones. A esto se sumó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), uniendo las aduanas y los impuestos. En el 2024 se sancionó una ley de Organización Administrativa del Estado. En el 2025 nace el Servicio Civil, fijando el mérito. En el 2026 operará la Superintendencia de Jubilaciones y el Registro Unificado Nacional resguardará toda la propiedad.
Las mejoras permean hoy al sector bancario, con mayores niveles de inclusión financiera. En infraestructura, la legislación de Asociaciones Público-Privadas del 2025 busca atraer capitales con seguridad jurídica, mientras la maquila diversifica las exportaciones y apuntala el empleo.
En un contexto global volátil, el desafío radica en preservar la rectitud técnica, resistir la tentación populista y asegurar que el modelo cierre brechas. La experiencia paraguaya demuestra que tal estatus no se compra ni resulta de un auge pasajero, sino de reformas paulatinas y la inquebrantable paciencia.