La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha puesto bajo la lupa un inusual incremento en el capital acumulado en “reservas facultativas” por parte del sector corporativo. El volumen detectado asciende a USD 9.500 millones, un salto exponencial frente a los apenas USD 600 millones registrados en el año 2019.
Según advirtió el titular de la entidad, Óscar Orué, para “La Tribu 650 AM”, existe la fuerte sospecha institucional de que estas reservas estarían operando como una “fachada contable” para eludir el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). El fisco presume que gran parte de ese capital ya fue distribuido o utilizado al margen de la tributación correspondiente.
El cerco a la elusión corporativa
La preocupación técnica de la DNIT es clara. Según explicó Orué al programa “Tribu Nativa”, las utilidades empresariales retenidas sin ser capitalizadas configuran una práctica de elusión. La premisa fiscal establece que si los fondos se reinvierten, deben capitalizarse; pero si se distribuyen a los accionistas, deben tributar el IDU.
Para transparentar esta anomalía, la entidad emitió la Resolución 49, exigiendo a las sociedades anónimas presentar informes detallados en sus estados financieros. El mero anuncio de estos controles masivos ya surtió un efecto disuasorio en el mercado, disparando en un 90% el pago del IDU durante el mes de marzo. Paralelamente, el Gobierno mantiene mesas de diálogo con gremios empresariales como la UIP y la Feprinco para consensuar un proyecto de ley que regule estas reservas. El objetivo oficial no es elevar la presión tributaria, sino garantizar la “sinceridad contable”.
Big Data y formalización: motores de la recaudación
Por otro lado, pese a la reciente devaluación de la moneda norteamericana, que mermó un 10% los ingresos aduaneros, la recaudación global se mantiene robusta. En marzo, el fisco inyectó USD 50 millones adicionales (una recuperación del 10,6%), y para abril, mes clave por el vencimiento de la renta empresarial, se proyecta un superávit superior al 10%.
Este blindaje ante la volatilidad cambiaria se explica por el sólido desempeño de los tributos internos, impulsado por una inversión de USD 3 millones en herramientas de Big Data. Este sistema clasifica a los contribuyentes según perfiles de riesgo mediante un semáforo de colores, disparando alertas automáticas que optimizan la trazabilidad desde la aduana hasta la venta final.
A la tecnología se suma una agresiva política de formalización en sectores críticos. El rubro de la construcción, históricamente informal, sumó a miles de trabajadores al RUC, aportando a la cifra de 180.000 nuevos contribuyentes en los últimos dos años. Asimismo, en el sector agrícola se han ajustado los valores de referencia aduaneros para frenar la subvaloración de agroquímicos.
No habrá aumento de impuesto hasta 2028
Con una recaudación que promedia los G. 100.000 millones diarios (escalando al doble en meses pico), el Estado asegura un flujo de caja vital. Estos fondos, equivalentes a entre USD 15 y 20 millones por jornada, son transferidos de forma 100% electrónica al Banco Central, eliminando riesgos de manejo manual.
En este contexto, Orué, funcionario de carrera con un perfil estrictamente técnico, descartó ambiciones electorales y reafirmó el compromiso del Ejecutivo: no habrá aumento de impuestos hasta el 2028. La estrategia para sostener los ingresos seguirá basándose en la formalización, la expansión de la factura electrónica gratuita y la lucha contra la evasión; pilares que buscan consolidar a Paraguay como el principal refugio de estabilidad macroeconómica dentro del Mercosur.
Freno a elusión corporativa
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó un inusual incremento de USD 9.500 millones en “reservas facultativas” del sector corporativo, sospechando que operan como fachada para evadir el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). Su titular, Óscar Orué, advirtió que las utilidades no capitalizadas deben tributar. Para frenar esto, la Resolución 49 exige informes financieros detallados, logrando ya un aumento del 90% en el pago del IDU en marzo. El objetivo oficial es garantizar la “sinceridad contable” sin elevar los impuestos.
Paralelamente, la recaudación se mantiene robusta gracias a una inversión de USD 3 millones en herramientas de Big Data, que optimizan el control fiscal. Además, se impulsó la formalización en sectores históricamente informales como la construcción y la agricultura. Orué descartó aspiraciones electorales y reafirmó el firme compromiso de no aumentar impuestos hasta 2028, priorizando la lucha contra la evasión para consolidar la estabilidad macroeconómica del Paraguay.