En un intento más por dilatar el proceso penal en su contra, varios directivos del banco Atlas (de propiedad del Grupo Zuccolillo) presentaron recursos, por enésima vez, en el marco de una estrategia por impedir que la Justicia investigue las graves irregularidades denunciadas por la Conmebol.
Los recursos interpuestos sencillamente son un “ropaje elegante” para intentar diferir en el tiempo la inminente concreción de las acciones penales contra los directivos del banco Atlas.
Sucesivamente, los “resortes legales” conllevan una labor adicional por parte del aparato judicial, quienes de continuar esta tendencia podrían declarar litigantes de mala fe a estas personas.
Lejos de colaborar con las autoridades de persecución penal, los directivos del banco Atlas se inclinan por una estrategia de múltiples acciones aplazatorias desde la óptica procesal, conjugada con ataques y represalias mediáticas desde la prensa y aliados políticos de turno.
A través de sendos dispositivos dilatorios y ataques cuidadosamente direccionados, el Grupo Zuccolillo busca “ganar tiempo” para ralentizar la labor que las autoridades de rigor deben efectuar en búsqueda de los responsables de graves hechos punibles denunciados.
En ese sentido, además del proceso de lavado de dinero que tiene a la Conmebol como denunciante, los hechos informados por el IPS ante la Fiscalía (relacionados a la deficiente administración de un fideicomiso de más de USD 100 millones) ponen en la lupa a la alta dirección del banco Atlas, que debe someterse a la investigación penal para esclarecer dónde fueron a parar los recursos pertenecientes a todos los paraguayos.
Lejos de mostrarse proclive a contribuir con el Ministerio Público, los representantes del banco Atlas se muestran renuentes a presentarse ante los estrados judiciales, a pesar del frondoso cúmulo de evidencias presentado, las cuales se encuentran detalladamente explicadas en el acta de imputación.
Ahora bien, las estrategias de manual (que le han sido beneficiosas a lo largo de las décadas), combinando “aprietes mediáticos” con la opinión interesada y tendenciosa de determinados actores políticos (aliados de turno), a las que adicionan ahora los resortes procesales aviesamente dilatorios, no pueden ni deben prevalecer ante la visible recolección y exposición de evidencias, cuya notoriedad y gravedad no pueden pasar por alto y deben ser dirimidas en sede judicial.