El caso del fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas SA, destinado a la ampliación y construcción de cuatro hospitales, ingresó en una etapa decisiva y altamente delicada. Lo que debía traducirse en infraestructura para asegurar atención médica a miles de asegurados terminó rodeado de sospechas, informes demoledores y un cúmulo de presuntas irregularidades administrativas y financieras que comprometen el manejo de millonarios fondos jubilatorios.
La operación, vinculada al Grupo Azeta, propiedad de la familia Zuccolillo, hoy aparece bajo una luz cada vez más preocupante. Las auditorías interna y externa no solo exponen fallas graves en la ejecución del contrato, sino que dibujan un esquema que habría permitido desnaturalizar el destino original de los recursos y dejar obras estratégicas inconclusas, mientras se consumían sumas siderales del patrimonio previsional.
Entre los hallazgos más alarmantes figura el presunto desvío de fondos. Una auditoría interna del IPS concluyó que se habría “dilapidado” alrededor del 74% de los cerca de G. 828.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 110 millones, que estaban destinados a la construcción y ampliación de los hospitales Ingavi, Policlínica, Hospital Día o Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico. La magnitud del dinero comprometido y la precariedad de los resultados convierten al caso en un símbolo brutal de cómo los aportes de los trabajadores pueden terminar atrapados en circuitos opacos, lejos de su finalidad social.
Otro punto especialmente grave es la inclusión del ítem “Otros Centros de Salud” dentro del contrato, una cláusula que, según los informes, no fue solicitada por el IPS y que habría sido introducida por el fiduciario, el banco Atlas SA. Ese agregado no menor habría habilitado el uso de recursos para pagos de salarios y gastos administrativos, en detrimento de las obras originalmente comprometidas. En otras palabras, fondos que debían convertirse en hospitales terminaron absorbidos por conceptos ajenos al objetivo central del fideicomiso.
A ello se suma una presunta falta de aval del Banco Central del Paraguay (BCP). El informe señala que la entidad bancaria habría afirmado contar con aprobación del BCP para la proforma contractual, pero dicha documentación no fue hallada. Si esta situación se confirma, no se trataría apenas de una omisión administrativa, sino de un hecho de extrema gravedad institucional, por las implicancias que tendría presentar como autorizado un respaldo que no existiría en los papeles.
También fueron detectados pagos millonarios por obras cuyos fiscales no eran calificados, un dato que vuelve todavía más inquietante el cuadro general. La ausencia de controles técnicos adecuados en contratos de esta envergadura no puede ser leída como una simple desprolijidad: revela, como mínimo, una estructura de fiscalización débil y, en el peor de los casos, funcional a la liberación irregular de recursos públicos o previsionales.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta una causa para investigar las presuntas irregularidades en la administración de estos fondos. Los antecedentes ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su análisis y dictamen, y dentro del IPS no se descarta pedir una intervención directa del Banco Central para auditar la conducta del banco fiduciario en el marco de este contrato.
El frente judicial y administrativo que se abre puede tener derivaciones de enorme peso. En materia civil y patrimonial, la normativa sobre fideicomisos contempla desde indemnizaciones por daños y perjuicios hasta la restitución de ganancias obtenidas de manera indebida, además de la obligación de restaurar el valor de los activos afectados. Incluso podría promoverse la destitución del fiduciario y una rendición de cuentas forzosa, con informes detallados y auditados sobre el uso del dinero administrado.
Pero el aspecto más sensible es el penal. Si la investigación concluye que hubo una conducta dolosa orientada al beneficio indebido o al manejo deshonesto de bienes ajenos, los responsables podrían ser procesados por figuras como administración fraudulenta, defraudación o apropiación indebida. Tratándose de recursos previsionales, el impacto social y político del caso multiplica la gravedad: no está en juego solo un contrato fallido, sino la confianza de miles de aportantes cuyo dinero debía servir para fortalecer el sistema de salud y no para alimentar maniobras bajo sospecha.
Lo que emerge de este caso es una pregunta de fondo que excede a un banco, a un directorio o a una gestión puntual: ¿quién responde cuando el dinero de los jubilados y trabajadores termina comprometido en operaciones plagadas de irregularidades? La respuesta ya no puede quedar atrapada en expedientes o tecnicismos. Si los hallazgos se confirman, Paraguay estaría ante uno de los golpes más duros al patrimonio previsional de los últimos años, con responsables que deberán rendir cuentas ante la Justicia y ante la ciudadanía.
