El contrato de fideicomiso IPS/banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros) se encuentra bajo un intenso escrutinio institucional, mediático, de la Contraloría General de la República y del propio Ministerio Público ante las graves irregularidades detectadas en torno a este acuerdo.
Lo que se estructuró originalmente para canalizar unos G. 828.800 millones (más de 130 millones de dólares) con el fin de construir y modernizar centros médicos, hoy arrastra severos cuestionamientos debido a las cláusulas y mecánicas operativas del acuerdo.
Las investigaciones internas y las auditorías exponen los principales puntos de conflicto que sitúan los ahorros de los asegurados en una posición de vulnerabilidad frente al esquema de administración privada.
El “uso gratis” de millonarias retenciones
La crítica más severa apunta a los términos de circulación del dinero proveniente del aporte obrero-patronal. Diversos informes de fiscalización cuestionan que el mecanismo contractual permite a la entidad bancaria retener de forma temporal sumas de hasta G. 160.000 millones, sin la obligación de acreditar tasas de interés competitivas o activas durante determinados lapsos de su flujo.
Para analistas del sector público, este diseño financiero dota al banco fiduciario de una liquidez de gran envergadura a costo cero y, al mismo tiempo, priva al IPS de rendimientos optimizados que podrían aliviar el histórico déficit en el sistema de salud.
Se estima que al término de los 20 años que dura el contrato, el banco Atlas SA podrá disponer de más de USD 6.200 millones a costo cero (a cotización actual); es decir, sin pagar un solo guaraní de interés al IPS, utilizando fondos directos del aporte obrero-patronal.
Blindaje de responsabilidad penal
Otro de los puntos más oscuros del fideicomiso IPS/banco Atlas SA radica en el deslinde estricto de responsabilidades dentro de las cláusulas contractuales. A pesar de que las obras hospitalarias proyectadas en el plan original sufrieron severos retrasos, abandono de proyectos o malversaciones físicas en las construcciones (con estimaciones de ineficacia o perjuicio que superan el 70% en varios frentes regionales), el banco Atlas se mantiene jurídicamente inmune ante estos fracasos.
El contrato incluyó, a último momento y a instancias del ente fiduciario, una cláusula no solicitada por las autoridades de la previsional y que provocó el descalabro financiero del proyecto original. Se trata del “Punto 5: Otros centros de salud” que abrió el grifo para la presunta dilapidación de los G. 828.800 millones de los fondos jubilatorios del IPS.
Este “Punto 5” permitió que se pagaran miles de millones por obras no programadas, obras fantasmas, algunas sobrefacturadas y otras no ejecutadas sin que saltaran alertas en el sistema del fiduciario.
De los G. 828.800 millones, apenas un 24% fue destinado a los cuatro hospitales del proyecto original que quedaron a medio terminar e incluso sin iniciar, y el 76% se dilapidó en cualquier otro gasto.
El Ministerio Público mantiene abiertas líneas de investigación para delimitar si el diseño original de este contrato, cuya vigencia se proyecta hasta el año 2037, constituyó un esquema lesivo para el patrimonio público, en un escenario donde los asegurados siguen padeciendo la falta de insumos médicos mientras los fondos previsionales orbitan en el mercado financiero privado.
Recordemos que la Fiscalía ha acusado ya al banco Atlas SA y a sus directivos en otra causa penal por presunto lavado de dinero. En la causa 06/2021 están acusados y con pedido de juicio oral el presidente del banco, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) y los miembros del Directorio, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
