Para las 9:00 estaba prevista la audiencia indagatoria del titular del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.
Sin embargo, el alto ejecutivo bancario no se hizo presente a la audiencia alegando falta de acceso a la carpeta fiscal.
En efecto, minutos antes del horario establecido se hizo presente en la Fiscalía el abogado Tarek Tuma, como representante legal de Zaldívar, pero este no hizo declaraciones.
Recordemos que esta causa tiene como origen la querella penal presentada por la Conmebol por supuestas operaciones de tinte fraudulento y presunto lavado de activos, con fondos de la Confederación, a través de herramientas financieras del banco Atlas a nombre del expresidente de la matriz del fútbol Sudamericano Nicolás Leoz.
Impedimentos procesales
Para conocer más detalles de las fundamentaciones jurídicas por la no comparecencia de Zaldívar ante el Ministerio Público, La Tribuna se comunicó con Rodrigo Yódice, otro de los abogados que integra el equipo jurídico que defiende a los imputados del banco Atlas.
Yódice manifestó que el argumento esgrimido para la no presentación de Zaldívar a la declaración indagatoria ante la Fiscalía fue el supuesto impedimento para acceder al expediente completo del proceso.
“Se ha solicitado la suspensión de la audiencia indagatoria. Existen impedimentos procesales relevantes para ese acto y una cuestión básica es que no se ha proveído, y en consecuencia obtenido aún copias y medios indispensables para la preparación de la defensa”, manifestó el representante legal del presidente del banco Atlas.
“En virtud de esto, estimo que una vez que se den las condiciones constitucionales y legales para que el prevenido sea legítimamente convocado a prestar declaración indagatoria, el mismo habrá de discernir si ejerce o no ese derecho constitucional a declarar o abstenerse a hacerlo”, expresó Yódice.
Una chicana más
Para profesionales del derecho, los argumentos de la defensa legal de Zaldívar carecen de solidez jurídica, teniendo en cuenta que hace prácticamente seis meses recibieron la notificación de imputación, hubo incluso, a principios de este mes, una ratificación de las imputaciones de parte de un Tribunal de Apelaciones que rechazó las presentaciones de los defensores de los imputados por este caso y hasta advirtió a los mismos que podrían ser pasibles de sanciones de continuar con las mismas medidas.
Estas presentaciones más bien parecen acciones dilatorias tendientes a entorpecer el proceso judicial que se viene desarrollando así como las investigaciones en torno a esta causa.
Recordemos que, ya en octubre del año pasado, a pedido de los fiscales Juan Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, el juez de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú imputó por presunto lavado de dinero a Miguel “Miki” Zaldívar (presidente del banco Atlas del conglomerado AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo), y a los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán. También están imputadas la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, y las hijas del extinto dirigente Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro.