El cerco judicial se estrecha sobre Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas. La Fiscalía de Delitos Económicos lo convocó para hoy lunes 23 de marzo, a las 9:00, a una audiencia indagatoria por presunto lavado de dinero. La decisión golpeó de lleno a uno de los nombres más visibles del sistema financiero paraguayo.
Mientras la Fiscalía sigue realizando su investigación, Zaldívar ya intentó frenar el avance del proceso a nivel judicial apelando la admisión del acta de imputación, pero un tribunal de apelación rechazó el recurso.
La investigación apunta a maniobras vinculadas al supuesto desvío millonario de fondos de la Conmebol durante la era de Nicolás Leoz, el hombre que durante décadas manejó con puño de hierro el fútbol sudamericano y cuyo nombre quedó manchado por el vendaval de corrupción destapado en el FIFA-Gate.
La denuncia, presentada por la propia Conmebol, busca recuperar unos USD 15 millones que, presuntamente, se habrían desviado de la matriz del fútbol sudamericano y depositado en el banco Atlas, entidad perteneciente a la familia Zuccolillo. El dato no es menor: no se trata solo de un expediente más, sino de una causa que conecta poder, dinero, estructura financiera y uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva del continente.
La imputación fiscal, contenida en el Acta Nº 4/25, sostiene que Zaldívar y otros investigados habrían incurrido en el delito de lavado de dinero, previsto en el artículo 196 del Código Penal, al obtener o administrar bienes provenientes de hechos antijurídicos. En otras palabras: la sospecha es que no solo habría circulado plata de origen ilícito, sino que alguien tuvo que abrirle la puerta, moverla, administrarla y darle apariencia de legalidad.
La causa nació a partir de una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera Velázquez, en representación de la Conmebol, tras detectarse presuntas irregularidades financieras durante la larga gestión de Leoz entre 1986 y el 2013. El trasfondo remite de lleno al FIFA-Gate, el terremoto judicial revelado en el 2015 por autoridades de Estados Unidos, que expuso una trama de sobornos, corrupción y lavado de dinero que salpicó a exdirigentes del fútbol sudamericano.
Como parte de la cooperación internacional, el Ministerio Público allanó en enero del 2016 la sede de la Conmebol en Luque, donde fueron incautados documentos y soportes digitales. Después vino la auditoría forense, el análisis jurídico y el cruce de información con la justicia norteamericana. Todo eso fue engrosando un expediente explosivo.
De acuerdo con la Fiscalía, entre el 2000 y el 2010 Leoz habría ordenado transferencias por USD 31,5 millones desde cuentas institucionales de la Conmebol en el Banco do Brasil hacia cuentas personales a su nombre. Pero el rastro del dinero no terminó ahí.
Los investigadores también detectaron contratos de fideicomiso suscritos en el 2016 con el banco Atlas SA, por montos de G. 23.014 millones y USD 2,16 millones. Esos fondos, según la imputación, habrían sido estructurados como patrimonio autónomo para cubrir gastos personales y beneficios familiares. La sospecha fiscal es demoledora: que pese a las alarmas públicas y judiciales que ya pesaban sobre Leoz, no se habrían aplicado los controles ni la debida diligencia que exige la normativa antilavado.
Ese punto es uno de los más delicados del caso. Porque si la plata ya estaba bajo sospecha, la pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo se movió, quién la administró y por qué no se encendieron las alarmas a tiempo?
La imputación abre así un nuevo capítulo en la Causa Nº 06/2021, tramitada en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero Nº 5 de Asunción. El Ministerio Público afirma que el objetivo es reconstruir la ruta del dinero y determinar las responsabilidades penales de quienes habrían participado o se habrían beneficiado de estas operaciones.
Si la imputación prospera, los procesados se exponen a penas de hasta diez años de prisión, además de eventuales medidas cautelares sobre bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisca Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
Audiencia del 15 de abril
Por otra parte, el juez Humberto Otazú convocó a Miguel Ángel Zaldívar para el lunes 15 de abril para una audiencia de imposición de medidas cautelares. Esa fecha la Justicia pondrá otra vez el foco sobre una pregunta incómoda y pesada: cuánto del dinero que circuló bajo la sombra de Nicolás Leoz encontró refugio en estructuras que debían detectar justamente operaciones supuestamente fraudulentas.
En la audiencia de abril se escuchará a Zaldívar, si este decide hablar, y se resolvería si este enfrentará el proceso con medidas alternativas o si la gravedad del caso justifica un régimen más severo, incluso la prisión, salvo que nuevas maniobras procesales busquen patear una vez más el tablero y suspender la diligencia.