Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), aclaró que la calificación de “recaudación cero” mencionada por el Ejecutivo se refiere estrictamente al incumplimiento de las metas de crecimiento proyectadas y no a una ausencia de ingresos en las arcas del Estado. El alto funcionario señaló que el factor determinante es la caída del 18 por ciento en el tipo de cambio, lo que genera un impacto negativo directo tanto en los ingresos tributarios aduaneros como en los no tributarios, específicamente en lo que respecta a Royalties y compensaciones por cesión de energía binacional. Esta compleja realidad fiscal, marcada por un dólar que cotiza muy por debajo de los 7.800 guaraníes previstos en el presupuesto, fue detallada en el espacio Mina en La Tribu, a través de La Tribu 650 AM.
Fluctuación cambiaria y metas presupuestarias
La brecha financiera se evidencia al comparar el presupuesto elaborado bajo una estimación de ingresos que superaba el 10 por ciento de crecimiento, mientras que la realidad actual muestra un escenario de empate técnico en enero y una caída del 2,9 por ciento en febrero.
Esto representa una disminución operativa de 80.000 millones de guaraníes solo en el segundo mes del año, lo que equivale a unos 12 millones de dólares menos en las arcas fiscales. Orué explicó que, aunque en los primeros 30 meses de gestión se logró un incremento acumulado del 30 por ciento en la recaudación total, sumando el récord del 21 por ciento en el primer año y el 9 por ciento en el segundo, la base comparativa actual es sumamente alta, lo que dificulta mantener ritmos de crecimiento de dos dígitos bajo las actuales condiciones del mercado cambiario.
Nuevas regulaciones sobre utilidades y criptoactivos
La estrategia de la DNIT para compensar la caída en Aduanas contempla ajustes legislativos sobre las reservas de utilidades de las empresas privadas. El objetivo es presentar un proyecto de ley que limite la permanencia de utilidades en cuentas de reserva a un máximo de tres años, obligando a las firmas a capitalizar o distribuir esos dividendos para que tributen el 8 por ciento correspondiente al Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).
Asimismo, se ha implementado un nuevo control sobre los criptoactivos, estableciendo la obligatoriedad de declaraciones juradas informativas. Aquellos contribuyentes que generen ganancias mediante herramientas digitales deberán tributar el 10 por ciento de sus rentas, buscando formalizar un sector que actualmente representa una fuga importante de capitales hacia la evasión fiscal.
Eficiencia aduanera y revisión de exoneraciones
En el ámbito de las importaciones, se detectó un impacto negativo en la recaudación debido al aumento en la compra de vehículos eléctricos de alta gama, los cuales actualmente gozan de una tasa del cero por ciento de impuestos.
La intención de la DNIT es proponer un límite a este beneficio, manteniendo la exoneración para vehículos utilitarios pero aplicando gravámenes a los modelos de lujo que superen ciertos umbrales de valor. Complementariamente, se reforzará el sistema de gestión de riesgos en las aduanas para combatir el subvalúo de combustibles, donde se han identificado declaraciones de naftas de menor base imponible para eludir el pago correcto de tributos.
Se espera que los vencimientos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y del Impuesto a la Renta Personal (IRP) generen un repunte necesario para equilibrar la balanza fiscal.
Formalización y mantenimiento de la base tributaria
La base de contribuyentes en el país ha mostrado un crecimiento sostenido, pasando de 800.000 a 1.300.000 inscritos en los últimos años, lo que refleja un avance en la formalización de la economía.
No obstante, el índice de evasión fiscal se mantiene cercano al 30 por ciento, lo que motiva la decisión del Gobierno de no aumentar las tasas del IVA, IRE o IRP, manteniendo el modelo de baja presión tributaria para atraer inversiones. Óscar Orué enfatizó que el enfoque principal será “hacer que todos paguen” mediante el cruzamiento tecnológico de datos y una fiscalización más agresiva, descartando cualquier modificación al Impuesto al Valor Agregado, que actualmente representa más del 50 por ciento de la recaudación total del Estado paraguayo.