El malestar ciudadano y la desconfianza hacia las instituciones siguen presentes, mientras las autoridades enfrentan el reclamo de esclarecer los hechos y responder por los daños ocasionados por la entidad bancaria, ueno, con la aparente complicidad del gobierno del ahora expresidente Santiago Peña.
En ese contexto, el Arzobispado de Asunción, a través de un comunicado del cardenal Adalberto Martínez Flores, cuestionó cualquier intento de mantener intactas las estructuras de corrupción e impunidad. Aseguró que las consecuencias de una crisis no desaparecen con los cambios en la conducción política.
El pronunciamiento sostiene que la crisis bancaria “generó una grave crisis social y política que desembocó en la destitución del presidente Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República, con Antonio Barrios en la vicepresidencia”.
Lea más: Alliana arma su gabinete: quiénes entran, salen o siguen al mando
Asimismo, reconoció “el protagonismo de los jóvenes que se autoconvocaron para manifestarse” y señaló que “sus movilizaciones incidieron en los acontecimientos recientes”. Sobre el descontento social, advirtió que “no se puede desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad”.
Investigación y reparación de los daños
Uno de los principales reclamos de la Iglesia apunta a que las instituciones competentes investiguen a fondo lo ocurrido, sin distinciones por cargos o vínculos políticos. En ese sentido, pidió que el Congreso Nacional, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay, esclarezcan los hechos, determinen responsabilidades y apliquen las sanciones correspondientes si se comprueban irregularidades.
“Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”, expresa el comunicado.
Lea más: Caacupé: Exigen justicia y devolución del dinero tras “saqueo” financiero
El cardenal también pidió al nuevo Gobierno que demuestre una voluntad real de cambio. Consideró necesario convocar a personas con preparación e integridad moral, más allá de sus afiliaciones partidarias, para contribuir a una gestión eficaz y mitigar el sufrimiento de las familias afectadas por la crisis financiera y social.
Ciudadanía exige respuestas
El documento advierte que la confianza en las autoridades y las instituciones quedó seriamente dañada por la corrupción y la impunidad. Por ello, cuestionó que los nuevos responsables políticos actúen como si la situación hubiera recuperado su normalidad.
“Las autoridades políticas deben tomar conciencia de que la ciudadanía permanece atenta, especialmente los jóvenes, a sus acciones y decisiones. Hay indignación y enojo social. No pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad”, señala.
Finalmente, el Arzobispado convocó a la ciudadanía a estar atentos ante las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto, e insistió en que la pacificación social requiere justicia y gestos concretos de responsabilidad. “La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, concluye el pronunciamiento, que recuerda que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares.