El proceso de verificación técnica llevado a cabo por la Contraloría General de la República (CGR) a pedido de la Comisión Bicameral del Congreso arrojó un primer balance sobre la autenticidad de los títulos universitarios en la función pública. Tras analizar las planillas de 105 instituciones con los archivos de las casas de estudio, se detectaron 1.090 casos con datos no coincidentes, los cuales abarcan a 1.083 funcionarios.
En contacto con La Tribu 650 AM, el director de Auditoría Forense de la CGR, Leandro Villalba, aclaró que la denominación técnica corresponde a “presuntos títulos falsos o documentos con incidencias”, debido a que el sistema procesa tanto posibles falsificaciones de documentos como errores involuntarios en la carga de datos por parte de las dependencias de recursos humanos o las propias universidades.
El reporte preliminar indica que el 90% de las inconsistencias halladas hasta la fecha corresponden a dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, la cifra total podría aumentar una vez que concluya el análisis de entidades de gran porte como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
“Este es un primer avance para restaurar la confianza en el sistema educativo. Si las instituciones o las universidades no contestan, están manteniendo el problema. La Fiscalía ya designó a tres agentes para investigar cada caso y determinar si existió delito penal o error administrativo”, puntualizó Villalba.
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Metodología del cruzamiento y estado del proceso
Según refirió el abogado Villalba, la auditoría forense aplicó un software de verificación masiva que contempla diversas etapas de validación:
-Mecanismo de cotejo: La Contraloría solicitó la nómina de profesionales a 381 entidades públicas, agrupó los datos por universidad y remitió los listados digitalmente a las casas de estudio para que confirmaran la condición de egresado de cada funcionario.
-Margen de corrección: La Contraloría reconoció un margen menor de rectificación, estimado en menos del 2%, donde personas afectadas presentaron carpetas académicas completas ante inconsistencias generadas por fallas de reporte de las facultades o de los ministerios.
-Pendientes de respuesta: De las instituciones consultadas, 27 universidades, incluida la UNA que debe procesar más de 11.000 registros, se encuentran depurando sus bases de datos para entregar las respuestas definitivas.
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Los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente, al tiempo que las instituciones públicas deberán instruir sumarios administrativos a los funcionarios salpicados.