El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, defendió el cruce de datos sobre títulos universitarios irregulares en el Estado y apuntó de forma directa a un esquema de falsificación que involucra a funcionarios ministeriales.
En el marco de las pesquisas sobre presuntos títulos de grado falsificados utilizados para acceder o cobrar bonificaciones en cargos de la administración pública, el contralor general de la República, Dr. Camilo Benítez, ratificó la validez del informe institucional y deslindó responsabilidades respecto a las filtraciones de listas con nombres propios.
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Benítez remarcó que las conclusiones no responden a estimaciones arbitrarias, sino a documentación oficial provista por universidades del país y entes del propio Estado.
Posible margen de error mínimo y reserva del informe
Ante los reclamos sobre eventuales inconsistencias en los registros, el contralor aclaró que los márgenes de error derivados de los cruces de bases de datos son marginales:
Bajo índice de inconsistencia: Indicó que las discrepancias que pudieran existir corresponden a un porcentaje inferior al 10%, las cuales se irán depurando y aclarando formalmente en cada legajo.
Canal confidencial: Aclaró que la CGR no divulgó identidades a la opinión pública, ya que el legajo fue remitido bajo estricta reserva al Ministerio Público y a las dependencias pertinentes para su investigación penal.
Asimismo, la máxima autoridad de control garantizó que, una vez concluidas las verificaciones técnicas y judiciales, se emitirá una lista pública con los nombres de aquellos trabajadores estatales que hayan demostrado la plena validez de sus acreditaciones académicas, a fin de restaurar su reputación.
Falsificación de documentos públicos y complicidad interna
La acusación de mayor impacto vertida por Benítez se centró en el origen de las acreditaciones ilegales dentro del aparato estatal. El contralor sostuvo que no se trata de simples fallas administrativas, sino de hechos punibles consumados.
“Acá hay un claro caso de falsificación de documentos públicos y hay una complicidad de funcionarios del Ministerio de Educación”, sentenció el Dr. Benítez.
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Para los investigadores, las anomalías detectadas en los registros de legalización y visado apuntan a un esquema montado dentro de las dependencias encargadas de homologar certificados de estudios y títulos superiores, lo que amerita una exhaustiva intervención fiscal en las dependencias del MEC.