La verificación de los antecedentes académicos de los funcionarios públicos requiere el cruce de información entre las instituciones estatales y las universidades. En ese proceso, la Comisión Especial del Senado que investiga la expedición de supuestos títulos falsos avanza con la revisión de documentos y registros para determinar el origen de las inconsistencias detectadas.
El senador Patrick Kemper, presidente de la comisión, presentó junto con el contralor general de la República, Camilo Benítez, un informe preliminar elaborado mediante un convenio de cooperación entre ambas instituciones. El relevamiento examinó 34.068 registros de funcionarios pertenecientes a 35 organismos del Estado.
Kemper aclaró que las inconsistencias identificadas no permiten concluir que todos los documentos carezcan de validez. “Estos documentos no permiten aún afirmar que los 1.090 casos sean falsificaciones ya aprobadas. El listado contiene situaciones diferentes que deben aclararse”, expresó.
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Información pendiente
La investigación todavía depende de respuestas de alrededor de 200 instituciones públicas, entre ellas el Poder Judicial y el Ministerio Público. De más de 360 entidades consultadas, solamente 150 habían remitido sus datos al momento de la presentación. Además, poco más de la mitad de las universidades había respondido sobre los antecedentes académicos declarados por los funcionarios.
La comisión también debe completar el procesamiento de información de universidades públicas. De aproximadamente 13.000 estudiantes, cuyos datos deben incorporarse, unos 5.000 registros habían sido cargados hasta la presentación del informe.
Fallas en el control
Los documentos de la Contraloría también señalan debilidades en los mecanismos de control de la educación superior. Entre los hallazgos figuran 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, de las cuales 184 corresponden al área de salud.
Asimismo, se identificaron títulos cuya habilitación, carga horaria y certificación de prácticas hospitalarias no habían sido suficientemente comprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Los informes mencionan fallas en sistemas informáticos, accesos que no fueron dados de baja oportunamente, concentración de funciones y expedientes asignados por los propios usuarios.
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Cursaron carreras en menos tiempo
Las denuncias sobre posibles irregularidades en el reconocimiento de títulos académicos mantienen abierta una investigación parlamentaria que podría prolongarse hasta el próximo año, debido a la documentación pendiente y la necesidad de verificar cada caso.
El senador Patrick Kemper informó que la Comisión Especial tiene un plazo inicial de seis meses, que vence en noviembre, pero que probablemente solicitará una prórroga al pleno del Senado para continuar con las verificaciones.
El legislador señaló que existen casos de público conocimiento de personas que habrían cursado carreras durante menos tiempo o con una carga horaria inferior a la exigida por la normativa. Sin embargo, aclaró que las responsabilidades deberán determinarse mediante la comprobación de cada situación.
La comisión analiza denuncias recibidas y abre expedientes individuales, incluidos los casos públicos. Kemper advirtió que la cantidad de casos podría aumentar tras el cruce de datos. Los resultados actuales corresponden únicamente a funcionarios públicos. Además, prevé presentar propuestas legislativas la próxima semana.
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Contralor cuestionó controles del Cones
Desarrollo
La revisión de los títulos universitarios supuestamente irregulares expone falencias en los mecanismos de control. El contralor general de la República, Camilo Benítez, cuestionó el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y afirmó que no cumple adecuadamente su misión de fiscalización.
La auditoría comenzó a pedido de la Comisión Especial, con participación de la senadora Esperanza Martínez. La Contraloría presentó un primer avance sobre la trazabilidad de los títulos, los controles del Cones y el registro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Benítez aclaró que el informe no es definitivo y que el trabajo superará los 45 días previstos inicialmente por la cantidad de casos y documentos pendientes.
El contralor señaló que más de 850 carreras que requerían controles no registraron sanciones, clausuras ni intervenciones, pese a las atribuciones legales del Cones. Sobre el MEC, indicó que más de 1.000 funcionarios figuran en una lista, cuyos supuestos centros de estudio negaron que hubieran cursado carreras allí. “La universidad nos dice que nunca estudió en esa institución”, manifestó.