Defensoría del Pueblo exige retirar libros del MEC y sancionar responsables

El Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, consideró “gravísimo” el hallazgo de errores en textos escolares, solicitó audiencia con el ministro y anunció una revisión integral de los contenidos.

| Por La Tribuna
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Los materiales fueron muy cuestionados y el Defensor del Pueblo exige que sean sacados de circulación.

La Defensoría del Pueblo intervino de manera institucional tras la controversia generada por contenidos inapropiados y errores detectados en libros de texto distribuidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El titular del organismo, Dr. Rafael Ávila, afirmó en comunicación con Espresso Informativo de la 650 AM, que la situación es “gravísima” y que no basta con el simple reconocimiento de equivocaciones por parte de las autoridades educativas.

Ávila confirmó que se remitió una nota formal a la cartera estatal exigiendo el retiro inmediato de los materiales en las zonas donde fueron entregados para “testeos pedagógicos” (cinco departamentos), además de solicitar una audiencia con el ministro de Educación para exigir la determinación de responsabilidades.

Revisión integral y posible daño patrimonial

El Defensor del Pueblo anunció que el equipo jurídico del organismo procederá a la impresión e inspección minuciosa del material en formato digital (PDF) para verificar la totalidad del contenido y no limitarse únicamente a las páginas señaladas por el MEC.

“Acá no basta solamente con corregir algunas páginas. Se tiene que revisar todo el proceso para que no vuelva a repetirse y se tienen que determinar responsabilidades. Cuando un error llega a la formación de un niño, la responsabilidad del Estado es mayor”, enfatizó el Dr. Ávila.

Asimismo, la Defensoría investiga si existió impresión masiva y distribución física de los folletos, lo que configuraría un eventual daño patrimonial al Estado, más allá de la falla en la cadena de control y supervisión pedagógica.

Postura institucional e investigación ampliada

El organismo constitucional continuará con el seguimiento del caso y no descarta extender las verificaciones a otros materiales pedagógicos emitidos por la cartera educativa para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en la enseñanza pública.

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