Durante la intervención fueron localizadas nueve familias, con un total de 40 menores de edad que se encontraban en la vía pública, expuestos a diversas condiciones de riesgo. El procedimiento se desarrolló en el barrio Bicentenario y la Plaza Ybaroty, donde los equipos técnicos realizaron un relevamiento de datos y brindaron asistencia inmediata.
Según explicó el viceministro de Protección Integral de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Víctor Eduardo Escobar, los menores se encontraban principalmente en situación de mendicidad, mientras que algunos adultos permanecían en otros sectores o realizaban actividades informales como la venta de frutas.
“Con este tipo de acciones buscamos empoderar a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) y articular las acciones con la Defensoría, el Ministerio Público, de modo a poder proteger a los niños cuando son vulnerados por sus familias”, dijo Escobar para La Tribuna.
Agregó además que se brinda especial énfasis a las comunidades indígenas debido a la vulnerabilidad en la que viven y sostuvo que el derecho consuetudinario no está por encima de los derechos de la niñez y la adolescencia.
“Nosotros procuramos insertar a las familias indígenas a los programas sociales, pero cuando ellos se niegan no tenemos otra alternativa que la separación de las familias vía judicial”, afirmó.
En la intervención se realizaron evaluaciones médicas integrales y, a partir de estas atenciones, se dispuso el traslado de dos mujeres embarazadas al Hospital Regional de Villarrica para recibir atención especializada, así como de dos niños que presentaban condiciones de salud comprometidas.
Por su parte, la directora de Protección y Promoción de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Lourdes Fernández, explicó que el grupo fue identificado mediante un monitoreo articulado entre varias instituciones. Indicó que durante el día las familias ocupan la vía pública para mendigar y, por las noches, se instalan en espacios públicos para dormir, lo que constituye una práctica recurrente.
“Ya tenemos un protocolo de trabajo coordinado para proteger a estos niños en esta situación. Los mismos salen de sus comunidades por varios factores”, señaló a La Tribuna.
Precisó que en este caso no se dispuso la separación de las familias, aunque sí se realizaron advertencias. Luego de la atención se dispuso el traslado de las familias a sus comunidades de origen en los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú.
El operativo contó con la participación del Instituto Paraguayo del Indígena, la Gobernación de Guairá, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Público, la Codeni, la Municipalidad local y funcionarios del Programa Abrazo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.