La acumulación de basura preocupa a vecinos de barrio Obrero, en Asunción, quienes sostienen que la zona tiene gran potencial, pero requiere de una limpieza más frecuente y sostenida.
Noemí Martínez, vecina del barrio, señaló que la problemática principal se concentra sobre la calle Independencia Nacional, desde Francisco Acuña de Figueroa (5.ª) hasta la avenida Cerro León (9.ª Proyectada), donde incluso se encuentra la Comisaría 4.ª Metropolitana. Indicó que si bien la recolección convencional de residuos es diaria, el problema son los minivertederos improvisados que se forman en las esquinas. Según denuncian, esto es responsabilidad de carriteros, quienes arrojan residuos que recolectan de otros puntos y los depositan en este barrio. Esta práctica ilegal la realizan durante la noche para evitar ser vistos por la ciudadanía y autoridades.
Cobrar multas ya no funciona
Desde la Municipalidad de Asunción, la jefa de la Unidad de Recursos Hídricos y Suelo, Rosario Godoy, reconoció que tienen limitaciones para combatir esta práctica debido a que muchos de los carriteros no tienen documentación o provienen de otros municipios, lo que impide sancionarlos.
Ante esto se encuentran trabajando en un proyecto de ley que presentarán al Congreso Nacional, que tiene por objetivo endurecer el castigo contra quienes infrinjan la Ley 716, que sanciona delitos contra el medioambiente. Lo que buscan es incorporar penas privativas de libertad de dos a cinco años para quienes contaminen la ciudad con basura. Esto teniendo en cuenta que las multas no son tomadas con seriedad y ya no resultan efectivas, pues muchas veces ni siquiera se pagan, contó la funcionaria.
Quieren que arrojar cualquier desecho sea grave
En concreto, propondrán modificar el artículo 200 del Código Penal, que solo tipifica como delito ambiental que se arrojen residuos que sean capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el suelo, o cuando se arrojen desechos que sean venenosos o puedan causar enfermedades infectocontagiosas a seres humanos o animales. El vacío legal ante el cual se encuentran las autoridades es que en esta normativa nada se dice sobre los residuos sólidos urbanos, y esto es lo que desean modificar con la nueva propuesta legislativa.
El objetivo es que, una vez que se apruebe este proyecto de ley, en las intervenciones los fiscalizadores puedan tomar como delito ambiental que un carritero arroje cualquier tipo de residuo sólido en las calles de la ciudad y que sea considerado un delito grave.
El problema es cultural y va más allá de sanciones
El traslado de residuos por parte de carriteros es legal, siempre y cuando se realice en condiciones higiénicas y sin generar contaminación. La Ley 716/96 que sanciona los delitos contra el medioambiente prohíbe, por ejemplo, que se derramen lixiviados en la vía pública mientras están transportando desechos. Esta falta puede ser sancionada con multas e incluso la retención del vehículo.
Los carriteros cuentan con acceso libre y gratuito al vertedero de Cateura para la disposición final de los residuos que recolectan. Pero aún así persiste la práctica de arrojar desechos en las esquinas de los barrios, lo que responde más a la inconsciencia que a la falta de alternativas, dijo el director de Gestión Ambiental de la Comuna, Fredis Estigarribia.
El funcionario añadió que existen controles, incluidos operativos encubiertos, en los que funcionarios sin identificarse detectan infracciones, pues estas deben ser descubiertas in fraganti, y se labran para las multas. Sin embargo, el castigo al bolsillo no es suficiente, pues “muchas veces los propios vecinos son sorprendidos arrojando basura en espacios públicos, lo que evidencia que estamos ante un problema cultural”.