El Ministerio de Salud Pública dispuso la intervención del Hospital Nacional de Itauguá tras la recepción de denuncias vinculadas al sistema de residencias médicas. La decisión fue oficializada mediante resolución firmada por la ministra María Teresa Barán Wasilchuk y activa un proceso de auditoría interna con una duración inicial de 60 días.
La medida apunta a esclarecer los hechos denunciados y evaluar el funcionamiento general del establecimiento, considerado uno de los principales centros de referencia del sistema público. El procedimiento contempla la recolección de testimonios, verificación de situaciones reportadas y análisis tanto de la atención médica como del proceso formativo de los profesionales.
“El proceso incluye la verificación de los hechos y el análisis de los procesos asistenciales y formativos”, indicaron desde la cartera sanitaria.
A diferencia de intervenciones focalizadas, en este caso el alcance será integral. La revisión abarcará áreas administrativas, gestión de recursos humanos, funcionamiento de servicios y condiciones de formación dentro del hospital. El objetivo es identificar posibles fallas estructurales y definir medidas correctivas.
En paralelo, el hospital atraviesa un proceso de renovación edilicia, lo que añade complejidad al contexto operativo. Desde el Ministerio sostienen que uno de los ejes será garantizar la continuidad de los servicios bajo estándares adecuados durante las obras.
Para llevar adelante la intervención, se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de distintas dependencias técnicas y administrativas del Ministerio de Salud. El grupo incluye áreas vinculadas a atención integral, rectoría, vigilancia sanitaria, asesoría jurídica, transparencia y gestión financiera, además del Instituto Nacional de Salud.
La coordinación estará a cargo del médico Carlos Alberto Román Martínez, con quien nos comunicamos desde La Tribuna y explicó que están en pleno abordaje de la intervención. Tendrá la responsabilidad de articular el trabajo técnico y supervisar el cumplimiento de los objetivos trazados.
El grupo tendrá acceso a registros internos, podrá realizar entrevistas al personal y analizar los distintos niveles de funcionamiento del hospital. Los resultados serán sistematizados en un informe final que incluirá conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la institución.
Hasta el momento, las autoridades no detallaron públicamente el contenido específico de las denuncias que motivaron la intervención. No obstante, el foco en el sistema de residencias médicas instala nuevamente el debate sobre las condiciones de formación dentro del sector público.
