Una carta abierta de una jueza de instrucción reactivó un debate que Bélgica arrastra: ¿está el país en vías de convertirse en un narcoestado? La advertencia salió de Amberes y se extendió a Bruselas, con tiroteos en la crónica diaria. El cuadro: políticos amenazados, jueces intimidados, explosiones y una economía ilegal en crecimiento.
En el 2023, el puerto de Amberes registró un récord de 116 toneladas de cocaína incautadas. En la región de Bruselas, los tiroteos vinculados al tráfico de drogas pasaron de 62 en el 2023 a 92 en el 2024, con nueve muertos y 48 heridos, según la fiscalía. La Policía Federal destinó en el 2024 alrededor del 22% de su capacidad de investigación a delitos de estupefacientes, abriendo 695 causas de un total de 3.920. La capital registró además una tasa de homicidios intencionales de 3,19 por cada 100.000 habitantes en el 2023, la segunda más alta de la UE.
El poder judicial acusa el golpe. La magistrada que encendió la alarma dijo haber pasado cuatro meses escondida y bajo vigilancia por su trabajo; en el 2022, el entonces ministro de Justicia, Vincent van Quickenborne, fue trasladado a una dirección secreta por amenazas. “Afrontamos una amenaza organizada que mina nuestras instituciones”, resume la carta difundida en el portal oficial de tribunales. La comisionada federal antidrogas, Ine van Wymersch, alerta sobre redes que presionan a policías y fiscales y erosionan el Estado de derecho.
¿Es correcto hablar de “narcoestado”? Criminólogos recuerdan que el término exige, a la vez, corrupción sistémica en altos niveles, violencia que cuestione el monopolio estatal de la fuerza y control mafioso de porciones significativas de la economía legal. Bélgica muestra señales preocupantes —corrupción que permea, intimidación a operadores judiciales, violencia selectiva—, pero no cumple de forma plena ese triple criterio. Otros investigadores matizan: no hay colapso institucional, pero sí una peligrosa “normalización” de patrones criminales.
En el terreno, la inseguridad convive con la vida cotidiana: explosiones nocturnas en Amberes y una balacera con kalashnikov en el metro de Bruselas conviven con una normalidad que muchos vecinos aún describen como aceptable.
El Estado responde. En el 2024, durante su presidencia del Consejo de la UE, Bélgica impulsó una “alianza europea de puertos” para reforzar controles e intercambio de inteligencia. A escala nacional, el ministro del Interior, Bernard Quintin, propuso patrullas mixtas de soldados y policías en puntos calientes de Bruselas y la fusión, en el 2027, de las seis zonas policiales de la capital para ganar eficacia. La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, informó de más seguridad en juzgados y de la anonimización progresiva de datos identificativos de funcionarios y magistrados.
También a nivel de la UE se mueven piezas. La Comisión debe presentar antes de fin de año una nueva estrategia de la UE contra las drogas y un plan de acción con medidas concretas, además de trabajar en una legislación para finales del 2026 que mejore la lucha contra la delincuencia organizada en el bloque. El objetivo: alinear puertos, aduanas, fiscalías y policías bajo estándares comunes para cerrar brechas que explotan las redes.
Los jueces reclaman una respuesta estructural: trabajo anónimo para amenazados, un punto de contacto con Interior y Justicia, seguros y resguardo de datos; y abordar prisiones sobrepobladas y el uso de teléfonos para dirigir delitos desde dentro.
El reto central es de capacidades y coordinación. Se requieren unidades financieras con músculo, pericia forense, ciberinteligencia y controles profesionales en terminales de carga. También cortar flujos de efectivo y precursores, acelerar la gestión de bienes decomisados y blindar a testigos. Sin ese andamiaje, las redadas son golpes de efecto de vida corta.
Bélgica no está condenada a convertirse en un narcoestado. Sí está obligada a elegir. O consolida un dique legal, operativo y social que contenga a las redes —con recursos, reglas claras y transparencia—, o aceptará que la “normalidad” consista en convivir con explosiones esporádicas, tiroteos de verano y una economía paralela que se asienta en los márgenes. La cuestión ya no es si el Estado de derecho está amenazado —lo está—, sino cómo se lo defiende con visión real.
Foto: Remolcadores amarrados junto a contenedores en el puerto de Amberes en Bélgica, principal lugar de ingreso de drogas.