Dos años y un día después del ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, el conflicto que devastó Gaza parece llegar a su fin. En El Cairo, representantes de Israel, Hamás y mediadores de Egipto, Qatar y Turquía firmaron la primera fase de un acuerdo que promete poner punto final a una guerra que dejó más de 69.000 muertos —67.000 palestinos y cerca de 2.000 israelíes— y arrasó más del 90% del territorio gazatí.
El pacto, respaldado por Estados Unidos y considerado el mayor logro diplomático de Donald Trump en sus dos mandatos, busca abrir una etapa de reconstrucción en Medio Oriente. Pero más allá de los gestos y las celebraciones, las dudas son tan grandes como las ruinas de Gaza.
Un conflicto que cambió Oriente Medio
Todo comenzó con la llamada “Operación inundación de Al-Aqsa”, un ataque coordinado por Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos radicales palestinos. Más de 1.190 israelíes fueron asesinados y 250 tomados como rehenes. El golpe fue brutal: el mayor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto.
La respuesta israelí fue inmediata y despiadada. El gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó una ofensiva que no solo buscó eliminar a Hamás, sino también castigar a quienes le daban soporte en la región. Siria, Líbano y Yemen sufrieron ataques, mientras Irán vio cómo la Guardia Revolucionaria era diezmada por bombardeos israelíes.
La guerra transformó el mapa político y militar de Oriente Medio: el régimen de Bashar al-Assad cayó, Hezbollah perdió buena parte de su capacidad militar y millones de palestinos fueron desplazados. Gaza, una de las ciudades más antiguas del mundo, quedó reducida a polvo.
La primera fase del pacto establece la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecen en manos de Hamás y otros grupos palestinos. Según las autoridades israelíes, 48 personas seguían cautivas, aunque solo 20 continuarían con vida.
A cambio, Israel liberará a 1.700 prisioneros palestinos, incluidos dos nombres simbólicos: Maruán Barghouti, dirigente de Al Fatah condenado a cinco cadenas perpetuas, y Ahmad Sadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, acusado de terrorismo.
El acuerdo contempla además la retirada gradual del 70% de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la reapertura del paso fronterizo de Rafah bajo control israelí, pero con supervisión internacional. Esto permitirá el ingreso de ayuda humanitaria y el retorno paulatino de los desplazados, bajo estrictas condiciones de seguridad.
Una paz en construcción
Pese al optimismo internacional, nadie se atreve a hablar de “paz definitiva”. El acuerdo establece una autoridad provisional en Gaza que deberá organizar la reconstrucción del territorio y, eventualmente, asumir el control político. Sin embargo, Hamás ya ha rechazado ceder poder a una junta internacional, lo que plantea uno de los mayores desafíos para el futuro del enclave.
La desconfianza es profunda. Hamás teme ser desplazado del poder y los israelíes desconfían de que el grupo cumpla su promesa de desarme. La presencia de tropas musulmanas —provenientes de Egipto, Qatar y Turquía— pretende garantizar la transición, pero los analistas advierten que su efectividad dependerá de su compromiso real para enfrentar a las facciones más radicales.
Las cifras son abrumadoras: más del 90% de las viviendas dañadas, 2 millones de desplazados y una infraestructura sanitaria colapsada. Naciones Unidas advierte que la reconstrucción llevará al menos una década y costará miles de millones de dólares.
Gaza City, cuna histórica de la civilización, quedó convertida en un paisaje de ruinas. Lo que fue un puerto estratégico y una ciudad viva se transformó en símbolo de la devastación moderna. Muchos gazatíes, sometidos durante años al control autoritario de Hamás, ven en este acuerdo una oportunidad para empezar de nuevo.
Sin embargo, el miedo persiste. Hamás ha ejecutado a disidentes, periodistas y activistas acusados de traición, consolidando su imagen como una fuerza de represión interna. A su vez, la ofensiva israelí dejó una herida abierta entre los civiles palestinos, víctimas de un castigo colectivo que la comunidad internacional no ha dejado de cuestionar.
El desafío israelí
En Israel, el acuerdo divide al gobierno. Netanyahu enfrenta la presión de sus socios ultranacionalistas, que reclaman la destrucción total de Hamás, y la de una sociedad agotada tras dos años de conflicto.
Las encuestas muestran que dos tercios de los israelíes quieren el fin de la guerra. Para muchos, la prioridad ya no es la victoria militar, sino el regreso de los rehenes y la estabilidad. Tras el anuncio, miles salieron a celebrar en las calles y hasta hubo propuestas para renombrar estadios con el nombre de Donald Trump, impulsor del plan.
El costo humano es alto: más de 1.150 soldados israelíes muertos, decenas de miles de familias desplazadas y un país exhausto. La paz, aunque precaria, se percibe como una necesidad más que como un ideal.
Un horizonte incierto
El acuerdo entre Israel y Hamás marca el fin de una guerra, pero no el fin del conflicto. La reconstrucción de Gaza exigirá cooperación internacional, liderazgo político y una voluntad de reconciliación que hasta ahora ha sido esquiva.
El futuro dependerá de que ambas partes cumplan sus compromisos y de que los actores regionales —Egipto, Qatar, Turquía y Arabia Saudita— mantengan su apoyo activo.
Por ahora, la guerra ha cesado. Pero la paz, como siempre en Medio Oriente, sigue siendo un territorio en disputa.