São Paulo (EFE). El opositor Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, afirmó este miércoles que si gana la jefatura del Estado propondrá una serie de enmiendas a la Constitución, entre ellas una para reformar el Poder Judicial.
Bolsonaro, que el pasado domingo obtuvo el 47% de los votos, defendió la reforma judicial argumentando que el Tribunal Supremo no se atiene al funcionamiento de “una democracia plena”.
El candidato del Partido Liberal (PL) también abogó por enmiendas constitucionales para prohibir la reelección de los jefes de Estado, para reducir la edad de imputabilidad penal y para una reforma tributaria.No obstante, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro rechazó los alegatos de sus rivales políticos, que le acusan de tratar de menoscabar la democracia para terminar lo que no hizo su padre, y pidió “realismo” a la prensa.
“Amenaza para la democracia”
En ese sentido, recalcó que quien supone una “amenaza para la democracia” es el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en la segunda vuelta y quien obtuvo un 45 % de los votos el pasado domingo. Sin aportar pruebas, acusó a su rival de “amenazar” a los directores de medios de comunicación y de haberse asociado con un juez del Supremo para investigar las fuentes de un periodista.
“Ahora la democracia está en crisis. Lo que quiero es promover la paz, la seguridad jurídica y que Brasil vuelva a la normalidad”, dijo Bolsonaro a los periodistas.
El punto más polémico de las enmiendas que promueve a la Constitución es la reforma del Poder Judicial, cuyo calado no fue detallado por el candidato. Durante la campaña electoral, Lula también ha defendido llevar a cabo una reforma judicial.
Crisis interna en Tribunal Federal
El Supremo Tribunal está inmerso en una grave crisis institucional porque varios de sus magistrados se han visto vinculados a un escándalo de grandes proporciones en torno al Banco Master, institución liquidada el año pasado por orden del Banco Central por un fraude que supera los 10.000 millones de dólares (unos 8.900 millones de euros).
En el curso de las investigaciones, se ha descubierto que varios jueces tenían relaciones personales y comerciales con Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master, que está en prisión preventiva por su implicación en la trama, que también ha salpicado a decenas de políticos y otras autoridades de distinto sesgo ideológico.