Lima (AFP). Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000). Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
En el poder desde el 28 de julio pasado, Keiko Fujimori elevó al Legislativo un pedido de urgencia para decretar normas que le permitan combatir a las redes del crimen. Una de las primeras medidas planteadas en el proyecto es la la designación de “organizaciones criminales como organizaciones terroristas”, según el pedido enviado al Congreso.
El pedido tendrá que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado peruano. Si ambas cámaras aprueban la iniciativa, el gobierno podrá emitir decretos legislativos por 120 días.
Inseguridad y cambio climático
Además de enfrentar la inseguridad, Fujimori espera expedir normas para encarar el fenómeno climático de El Niño, que los expertos anticipan podría ser el más intenso más registrado con lluvias y calores extremos.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre condenado por violaciones de derechos humanos.
En su discurso de investidura, la mandataria anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, narcotráficantes, entre otras bandas.