Las investigaciones realizadas hasta el momento no confirmaron la presencia de cocaína en los cargamentos de madera boliviana retenidos en Chile y Brasil. Las pericias conocidas produjeron resultados negativos, inconcluyentes o falsos positivos, mientras el sector forestal denuncia graves perjuicios económicos y reputacionales provocados por acusaciones difundidas antes de contar con análisis científicos definitivos.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que las diferentes pruebas efectuadas no determinaron que dentro de la madera se transportaran sustancias controladas. Aclaró, sin embargo, que la investigación continúa abierta y que las muestras fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses y a organismos internacionales que colaboran con las pericias.
“Diferentes pericias realizadas dieron un falso positivo. Eso quiere decir que no se determinó el tráfico de sustancias controladas en las maderas, tanto en Bolivia como en otros países”, afirmó Mariaca.
El Fiscal General señaló que el Ministerio Público no actuará irresponsablemente contra empresarios que llevan más de tres décadas trabajando y aportando a la economía boliviana. También indicó que el caso podría cerrarse si los análisis científicos no encuentran evidencias de droga impregnada en los cargamentos.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz solicitó a las autoridades chilenas muestras de la madera retenida en el puerto de Arica para realizar una contrapericia. El fiscal Alberto Zeballos explicó que las pruebas de campo practicadas durante los allanamientos en Bolivia no fueron concluyentes y que los reactivos presentaron un falso positivo después de varios minutos.
Las muestras serán analizadas por instituciones científicas bolivianas y eventualmente por organismos internacionales. El objetivo es comparar los fragmentos retenidos en Chile con la madera secuestrada en aserraderos bolivianos y establecer, mediante procedimientos técnicos, si existe alguna relación entre ambos materiales.
Zeballos aclaró que hasta ahora tampoco existe evidencia científica que permita afirmar que la madera incautada en empresas de Santa Cruz sea la misma que llegó a Chile. Por esa razón, sostuvo que no pueden establecerse responsabilidades penales antes de completar las contrapericias y verificar la trazabilidad de los contenedores.
En Brasil, la Policía Federal concluyó sus análisis sobre otro cargamento boliviano y determinó que no contenía sustancias controladas. El Gobierno boliviano indicó que ese resultado será comunicado oficialmente mediante los canales diplomáticos.
A pesar de que las pruebas conocidas no confirmaron la presencia de cocaína, las consecuencias para el sector forestal ya son significativas. La Cámara Forestal de Bolivia informó que las exportaciones cayeron más del 60% desde junio debido al endurecimiento de los controles, las demoras en las fronteras y la retención de contenedores en el puerto de Arica.
Representantes empresariales señalaron que aproximadamente 2.500 toneladas de madera dejaron de salir de Bolivia durante uno de los periodos más críticos. Además, decenas de contenedores permanecieron retenidos y varias navieras internacionales dejaron de aceptar temporalmente cargamentos bolivianos.
Rafael Rivas, gerente técnico de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, calificó como incalculable el daño ocasionado a la reputación de las empresas y del país. Explicó que, después de las acusaciones, toda la madera boliviana comenzó a ingresar en canales de control reforzado y a ser inspeccionada en su totalidad.
El sector genera entre 85 y 90 millones de dólares anuales en exportaciones, de acuerdo con los datos proporcionados por Cadex. La Cámara Forestal situó en aproximadamente 100 millones de dólares el valor anual exportado y estimó que la actividad mueve cerca de 700 millones de dólares dentro del mercado boliviano.
Las cifras varían según la institución y el periodo analizado, pero coinciden en que la actividad representa una fuente relevante de divisas y empleo. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que más de 200.000 familias están relacionadas directa o indirectamente con la economía forestal, mientras representantes empresariales advirtieron que miles de empleos formales quedaron comprometidos por la reducción de las exportaciones.
La paralización también golpeó a los municipios productores. El vicepresidente interino de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Robert Schock, aseguró que los cargamentos estuvieron detenidos durante aproximadamente 40 días y que la afectación alcanzó a exportadores, aserraderos, transportistas y trabajadores.
En Concepción, el alcalde Mauricio Viera explicó que entre el 60% y el 70% de la economía municipal depende del sector forestal. El municipio cuenta con 35 aserraderos, cada uno con alrededor de 40 trabajadores, por lo que las restricciones comerciales dejaron a numerosas familias expuestas a una reducción de sus ingresos.
Ante esta situación, los municipios productores pidieron a la Cancillería boliviana que gestione ante Chile una disculpa pública internacional o una compensación por los perjuicios ocasionados. El Gobierno también prepara acciones legales contra el fiscal regional de Arica, a quien responsabiliza por haber difundido acusaciones basadas en pruebas preliminares.
Las autoridades bolivianas plantean solicitar el esclarecimiento de las actuaciones del Ministerio Público chileno y reclamar una indemnización por las pérdidas económicas. Las empresas mencionadas en la investigación también evalúan acudir individualmente a la Justicia chilena para buscar resarcimiento.
El caso aún no está cerrado y permanecen pendientes resultados oficiales de algunas pericias internacionales. Sin embargo, la información conocida hasta ahora no confirmó la presencia de cocaína en la madera boliviana.
Mientras continúa la investigación, el sector reclama que se restablezca el flujo comercial, se liberen las cargas y se adopten mecanismos de control técnicamente confiables. La prioridad es evitar que nuevas pruebas rápidas o resultados preliminares vuelvan a comprometer la reputación de una industria, paralizar exportaciones y afectar a miles de familias antes de que exista una conclusión científica.