Buenos Aires, Argentina. La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete representa el mayor intento del Gobierno de Javier Milei por dejar atrás una crisis política que durante más de cuatro meses condicionó su agenda, debilitó la imagen oficial y abrió múltiples investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y recepción de dádivas.
Aunque el Ejecutivo apuesta a que el cambio permita recuperar la iniciativa política, analistas coinciden en que el verdadero cierre del episodio dependerá del avance de las causas judiciales y de que no aparezcan nuevas revelaciones.
<b>El origen del escándalo</b>
La crisis comenzó en marzo, cuando se conoció que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Milei durante un viaje a Estados Unidos.
Si bien esa investigación concluyó sin consecuencias penales, el caso abrió la puerta a una serie de denuncias sobre el patrimonio del entonces jefe de Gabinete, viajes privados, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros que mantuvieron al Gobierno bajo una presión constante.
Desde entonces, cada nuevo dato derivó en nuevas líneas de investigación, generando un efecto acumulativo que monopolizó el debate político.
<b>Las investigaciones judiciales</b>
Uno de los principales expedientes analiza un supuesto enriquecimiento ilícito.
La Justicia investiga la compra de un departamento de aproximadamente 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, adquirido en 2025 por unos 230.000 dólares mediante préstamos privados equivalentes al 87 % del valor del inmueble.
También se analiza la adquisición de una vivienda en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires por 120.000 dólares, financiada con otro préstamo privado otorgado por dos mujeres policías, una de ellas retirada.
A ello se suman presuntas obras de remodelación por unos 250.000 dólares pagadas en efectivo y sin facturación, según declaró un contratista ante la Fiscalía.
Paralelamente, el fiscal investiga operaciones con plataformas de criptomonedas luego de que Adorni rectificara su declaración patrimonial correspondiente a 2025.
El exfuncionario incorporó activos que elevaron su patrimonio declarado hasta 627,2 millones de pesos, equivalente a unos 424.000 dólares, lo que representó un incremento real del 415,9 % respecto de la declaración presentada al asumir el cargo en 2023.
Adorni atribuyó ese crecimiento a ahorros acumulados durante su actividad privada y a ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.
<b>Viajes y presuntas dádivas</b>
Otra causa judicial investiga un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este en un avión privado contratado por el periodista Marcelo Grandio, cuya productora mantenía contratos con la Televisión Pública.
Mientras el exjefe de Gabinete sostuvo haber abonado la parte proporcional del vuelo, tanto el piloto como una secretaria del empresario declararon que el traslado fue pagado íntegramente por Grandio.
Los investigadores consideran que ese episodio podría encuadrarse dentro del delito de recepción de dádivas por parte de un funcionario público.
<b>El costo político para Milei</b>
Durante los meses que duró la crisis, Javier Milei defendió públicamente a uno de sus colaboradores más cercanos, pese al creciente malestar dentro del oficialismo y entre aliados parlamentarios.
Según Cristian Buttié, director de CB Global Data, el caso terminó convirtiéndose en “una caja china”, donde cada revelación generaba otra investigación e impedía instalar nuevos temas en la agenda pública.
El politólogo Gustavo Marangoni calificó la renuncia como “la crónica de una muerte anunciada” y sostuvo que el costo político alcanzó tanto a la opinión pública como a los aliados del Gobierno.
Para Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit Public Affairs, el principal beneficio de la salida de Adorni será permitir que el Ejecutivo vuelva a concentrarse en su programa político después de varios meses en los que cualquier anuncio terminaba eclipsado por el escándalo.
<b>¿Crisis cerrada?</b>
Las consultoras reflejan el impacto que tuvo el caso sobre la imagen presidencial.
Management & Fit registró una caída de la aprobación del Gobierno desde 47 puntos en febrero hasta entre 36 y 37 puntos en su último relevamiento, mientras siete de cada diez consultados afirmaron que el escándalo afectó su confianza en la administración.
Por su parte, un estudio de Trespuntozero y Alaska mostró que el 65,3 % de los ciudadanos tiene una valoración negativa del Gobierno y que la corrupción pasó a convertirse en el principal problema para el 38,5 % de los encuestados, diez puntos más que en enero.
Los especialistas coinciden en que la renuncia puede aliviar la presión política inmediata y facilitar las negociaciones parlamentarias. Sin embargo, advierten que el impacto definitivo dependerá de la evolución de las investigaciones judiciales y de la capacidad del Gobierno para impedir que el caso vuelva a ocupar el centro de la escena pública.