Con el Plan Anticontrabando 2026 como telón de fondo, autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y gremios frutihortícolas compartieron diagnósticos, preocupaciones y estrategias en una reunión marcada por la urgencia de proteger la producción nacional.
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El contrabando, ese enemigo persistente para los productores frutihortícolas, volvió a ocupar el centro del debate en un encuentro que reunió a autoridades del Estado y a representantes del sector productivo. No fue un encuentro protocolar, sino, más bien, un espacio de intercambio directo, atravesado por la necesidad de encontrar respuestas a un problema que se repite y afecta.
Autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), encabezadas por su director nacional, Óscar Orué, se reunieron recientemente y escucharon los planteamientos de los productores frutihortícolas. Estos describieron un escenario complejo marcado por el ingreso irregular de mercaderías y la presión que esto genera sobre los precios, haciendo el negocio poco rentable. La conversación giró en torno a un mismo punto: cómo fortalecer los controles sin descuidar la dinámica productiva y comercial del sector.
El Plan Anticontrabando 2026 se originó como el marco desde el cual ordenar las discusiones. Desde la DNIT insisten en que el combate al comercio ilegal exige algo más que operativos aislados y controles esporádicos. La apuesta, remarcaron, es avanzar hacia una estrategia integral, con presencia estatal sostenida en las zonas más sensibles y una coordinación real entre las instituciones con competencia en frontera y en los mercados internos.
Competencia desleal causa enormes perjuicios
Los productores, por su parte, pusieron sobre la mesa el impacto cotidiano del contrabando. Hablaron de costos que no se pueden cubrir, de inversiones que se postergan y de una competencia que consideran desigual. En ese intercambio, quedó claro que la formalización y la trazabilidad no son solo conceptos técnicos, sino condiciones necesarias para sostener la actividad y generar previsibilidad en un sector que depende, en gran medida, de variables externas.
A medida que avanzaba la reunión, la mesa se fue ampliando. Representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional se sumaron al diálogo, junto con autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La diversidad de actores reflejó la dimensión del desafío y la importancia de abordar el problema desde una mirada de equipo.
Las intervenciones coincidieron en un punto central: sin un trabajo conjunto y permanente, los esfuerzos pierden impacto. Por eso, la coordinación interinstitucional apareció como una de las principales conclusiones del encuentro, junto con la necesidad de reforzar los controles del contrabando, mejorar los sistemas de seguimiento de productos y garantizar condiciones más equitativas para quienes producen dentro de la legalidad.
Economía formal ayuda a imagen de país confiable
El intercambio dejó también una lectura más amplia acerca de que la lucha contra el contrabando no se limita a una cuestión fiscal o de seguridad, sino que atraviesa el modelo de desarrollo, la protección del consumidor y la confianza en las reglas de juego. En ese sentido, el sector frutihortícola fue presentado como un ejemplo de la importancia de cuidar la producción nacional y sostener la economía formal.
Al cierre, el Plan Anticontrabando 2026 se consolidó como una hoja de ruta compartida, aunque con desafíos pendientes. La reunión evidenció que el contrabando es un tema fundamental en la agenda país y el diálogo entre el Estado y los productores aparece es el punto de partida para enfrentar un problema que requiere soluciones a largo plazo.
