En Paraguay, si un particular tiene un departamento en Miami, no tiene obligación de declararlo. Lo mismo aplica si tiene acciones en una empresa en el exterior. No tiene que ver con “dejar algo bajo la alfombra”: se llama principio de territorialidad, y dice que el fisco paraguayo grava lo que ocurre en territorio paraguayo. Ese principio no es una omisión: es una ventaja competitiva deliberada, una de las razones por las que Paraguay atrae inversión, talento y residentes de toda la región. Lo que tiene en el exterior es suyo. El Estado no necesita saber.
La Resolución 47 de la DNIT rompe con esa lógica en un punto peligroso. Al exigir que los ciudadanos autorreporten las direcciones de sus billeteras digitales y los hashes de sus transacciones, el Estado crea una base de datos que vincula identidades con patrimonios digitales. Una billetera comprometida no es un apartamento que alguien puede robar: es un activo al portador, transferible en segundos, que convierte a su titular en un blanco. En Francia, más de cuarenta secuestros de tenedores de activos digitales fueron rastreados hasta filtraciones de datos fiscales. Eso no es teoría. Es una consecuencia documentada.
El consenso internacional va en sentido contrario. Estados Unidos exige a los brokers reportar las transacciones, nunca a sus clientes. La Unión Europea pone la obligación en los proveedores de servicios, no en los individuos. Existen vías probadas: incluir las compras con tarjeta de activos digitales bajo el mismo régimen de IVA a Servicios Digitales del Exterior ya vigente con la Resolución 76/20. Esto impulsaría la formalización y tiene potencial de generar más de cien millones de dólares anuales con costo administrativo casi nulo. No es especulación: es aritmética.
El problema no es que la DNIT quiera regular. El sector espera con ansias operar formalmente en Paraguay. El problema es la herramienta elegida. Hay una ansiedad regulatoria que confunde exhaustividad con eficacia. El sector incluye multinacionales de minería que eligen el país por su energía abundante, disponible y renovable, y decenas de miles de personas que operan con activos digitales como parte de su patrimonio cotidiano. Exigirles exponer la arquitectura de ese patrimonio no es formalización: es una fricción que empuja a la informalidad a los que más dispuestos están a cumplir.
Paraguay puede ser el primer país de la región en construir un marco que funcione: recaudación real, privacidad protegida, consistencia constitucional. No necesitamos una ley nueva. Las modificaciones pueden implementarse con resoluciones de la DNIT, el BCP y Seprelad. Brasil lleva años sin cerrar su marco. Argentina va y viene. El espacio para liderar está disponible.
Formalizar para dinamizar no es un eslogan. Es una decisión: ¿queremos que el sector crezca en Paraguay y pague impuestos aquí, o preferimos regularlo hasta que se vaya y los pague en otro lado? La respuesta inteligente no requiere reflexión. Requiere voluntad.
