Joaquín Morinigo, especialista en activos digitales conocido como Cryptoboy, analizó el impacto de la Resolución General número 47 emitida por la DNIT, la cual busca establecer un control estricto sobre las operaciones con criptoactivos en Paraguay. Durante su intervención en El Programa Ese, por La Tribu 650 AM el analista explicó que esta normativa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no constituye la creación de un nuevo tributo, sino la implementación de una declaración jurada informativa obligatoria.
Según el experto, la pretensión del fisco es obtener datos exhaustivos sobre la tenencia, el hash de las transacciones y las redes utilizadas por los contribuyentes. Esta medida ha generado controversia en el ecosistema financiero local debido al volumen de información crítica que se solicita, marcando un precedente en la fiscalización de las economías digitales y la trazabilidad de los capitales que operan fuera del sistema bancario tradicional.
Riesgos de seguridad y comparación con el modelo internacional
El analista Joaquín Morinigo comparó la pretensión del modelo paraguayo con el sistema vigente en Estados Unidos, señalando que en el país norteamericano el interés fiscal se centra en la liquidación de activos, mientras que la DNIT busca conocer la ubicación física y la identidad completa de los poseedores de criptomonedas.
El experto advirtió que la acumulación de este tipo de datos sensibles en bases estatales representa un riesgo latente, citando antecedentes internacionales donde filtraciones de oficinas impositivas terminaron en manos de grupos criminales. Para Morinigo, si bien la formalización es necesaria para evitar la proliferación de estafas, la exigencia de fotos de cédulas y geolocalización de domicilios podría ser contraproducente para la seguridad de los ciudadanos que operan de manera legítima, exponiéndolos a posibles casos de extorsión y secuestro.
El rol de Gafilat y la apertura de la banca local
La regulación de los activos digitales responde a las presiones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que desde el año 2019 insta a Paraguay a formalizar el sector para prevenir el lavado de dinero. Cryptoboy resaltó que el país se encuentra en un proceso de actualización normativa que incluye la nueva Ley del Mercado de Valores, permitiendo la emisión de productos basados en blockchain.
En este escenario de mayor vigilancia por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, al menos cuatro bancos de plaza local están gestionando permisos ante el Banco Central del Paraguay para actuar como custodios legales.
Esta transición hacia un mercado regulado pretende brindar un respaldo jurídico a los inversores y reducir la brecha de informalidad que ha caracterizado al rubro, alejando a los usuarios de esquemas piramidales y burbujas especulativas que carecen de sustento técnico.
