El proceso judicial comenzó con 18 imputados, luego bajó a 14. Actualmente, se realizan audiencias en primera instancia. Si hay eventuales condenas, como es probable, con seguridad serán apeladas, e inclusive cada caso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sea por inconstitucionalidad o por recurso de casación.
Los juicios orales en el caso A Ultranza Py comenzaron a mediados del año pasado y seguirán ocupando todo el año 2026, teniendo en cuenta que cada uno de los procesados presenta incidentes, apelaciones u otros recursos que prolongan y seguirán prolongando el proceso judicial.
Actualmente, son indagados los hombres de confianza del Clan Insfrán, por supuesto lavado de dinero. Aún no hay resolución al respecto, porque la lista continúa y falta la presentación de varios procesados, informaron fuentes judiciales.
A Ultranza Py está considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia reciente del país y los principales líderes son Sebastián Marset (todavía prófugo) y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (actualmente en prisión).
El Tribunal de Sentencia está a cargo de los magistrados Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk, quienes decidieron unificar el proceso para evitar demoras y fortalecer la eficiencia. Sin embargo, aun así, se prolongan los juicios por la cantidad de procesados.
La Fiscalía sostiene que el uruguayo prófugo Sebastián Marset se vinculó con el Clan Insfrán en Paraguay para la comercialización de cocaína y su envío al extranjero. Además, el Clan Insfrán con su gente de confianza serían los encargados de lavar el dinero malhabido producto del narcotráfico, según la investigación.
Están procesados José Alberto Insfrán, el pastor, hermano de Tío Rico; Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano González, José Enrique Gamarra, Juan Carlos Ozorio, Alexis Vidal González, Reina Mercedes Duarte, Fátima Koube Ayala, Alberto Koube Ayala.
También están procesados María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, Joceline Odorico, Marina Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia, María Virginia Araki y Rodrigo Emilio Montalva.
El caso partió del despliegue del operativo A Ultranza en febrero del 2022, en coordinación con organismos internacionales sobre temas de narcotráfico y lavado de activos. El narcotraficante más buscado es el uruguayo Sebastián Marset que sigue prófugo. Su esposa, Gianina García Troche, actualmente está en prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cué, Paraguay.
Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia y Milciades Ramírez Morel están recluidos en la Penitenciaría de Coronel Oviedo. La Fiscalía acusa a los tres por lavado de dinero y asociación criminal. Supuestamente, introducían el dinero producto del narcotráfico y colocaban en la Cooperativa San Cristóbal o en otros bancos para el blanqueo de capitales. Serían las personas de confianza del Clan Insfrán, según la acusación.
Juan Carlos Ozorio, actualmente en prisión, era el presidente de la citada cooperativa, que aprobaba todas las solicitudes de créditos presentados por los tres hombres mencionados sin importar riesgos. Aníbal Estigarribia declaró el viernes último. La Fiscalía le acusó de presentar cheques de la familia Insfrán a la cooperativa, los depositaba como forma de pago de los créditos y luego retiraba ya el dinero blanqueado, cuestión que Estigarribia negó categóricamente.
Otro imputado en el caso es Luis Iván Estigarribia Alderete (hijo de Aníbal), supuestamente su función era fungir de prestanombre de Tío Rico para la compra de bienes mediante la empresa Barakah SRL. Inclusive, compró acciones de esta empresa el 11 de noviembre de 2020, según consta en la acusación fiscal.
Por su parte, el procesado Magno Deleón se asoció a la Cooperativa San Cristóbal el 12 de agosto del 2019. Pidió préstamos con certificado de trabajo de La Siembra Taller y Logística y el documento fue firmado por su propietario, el pastor José Alberto Insfrán, según la Fiscalía. Su sueldo era de 50 millones mensuales y cumplía allí la función de asesor jurídico. Sin embargo, la Fiscalía investigó y halló que la empresa no existe en el sistema tributario nacional.
Recientemente, fue detenido Mariano Daniel Genes Benítez, hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, según la Fiscalía. Su función fue supervisar y coordinar las operaciones de tráfico de drogas, específicamente de las cargas de clorhidrato de cocaína que llegaban a nuestro país. Genes, que también es mecánico, fue acusado de preparar el doble fondo de los camiones supuestamente para el tráfico de drogas.
Según la investigación fiscal, la organización del grupo liderado por Marset y Tío Rico operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia, con destino final en Europa y África, según la Fiscalía. Se estima que el grupo movió más de 17 toneladas de cocaína, generando ganancias superiores a USD 430 millones. El operativo A Ultranza Py involucró más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales.
