El fiscal Christian Bartomeu confirmó este miércoles la apertura de una investigación penal tras el fallecimiento del perro León en el barrio Toro Blanco de la ciudad de Caaguazú. El animal murió el pasado 2 de enero luego de agonizar durante cuarenta y ocho horas debido a la explosión de un petardo de alta potencia en su hocico, específicamente un artefacto denominado "rompe portones". Este violento episodio constituyó el segundo hecho de crueldad extrema registrado en apenas siete días del 2026, sumándose al reciente ataque contra la perra Canela en Areguá. Los informes preliminares indicaron que dos adolescentes lanzaron el explosivo hacia la vivienda de la familia de León, provocando lesiones fatales similares a las mutilaciones documentadas en el caso anterior que conmocionó a la opinión pública.
Fiscalía analizó dolo eventual ante la gravedad del ataque con explosivos
La investigación se centró en determinar la tipicidad del hecho bajo la figura jurídica del dolo eventual debido al uso consciente de pirotecnia de gran poder destructivo. El fiscal Bartomeu señaló que cualquier persona que manipula artefactos de este impacto conoce perfectamente el daño potencial que puede causar a los seres sintientes y a las estructuras. El deceso del canino, que ocurrió tras ser auxiliado en una veterinaria local, elevó la gravedad de la causa en comparación con la situación de Canela, quien sobrevivió tras una cirugía de mandibulectomía pero sufrió una mutilación irreversible. Los especialistas jurídicos evaluaron si existió intención deliberada de dañar al animal o si los involucrados actuaron con absoluta indiferencia ante las consecuencias fatales de sus actos, basándose en que los sospechosos regresaron al sitio para observar los resultados de la explosión.
Investigaron responsabilidad de los padres por provisión de pirotecnia
El Ministerio Público evaluó la responsabilidad penal de los padres de los adolescentes involucrados mediante la aplicación de la Ley 6754 del año 1991. El fiscal detalló que la normativa prohíbe taxativamente la entrega de explosivos a menores de edad para resguardar la integridad física propia y la de terceros ajenos al entorno familiar. A diferencia del caso de Canela, donde el autor material ya enfrentó una imputación formal por crueldad animal, en Caaguazú las autoridades buscaron establecer un nexo causal directo entre la omisión de vigilancia parental y la muerte violenta del perro. Por consiguiente, los investigadores buscaron sentar un precedente sobre el control de artefactos pirotécnicos para evitar que estos crímenes queden impunes en el ámbito administrativo y penal. De esta manera, el sistema judicial pretendió frenar la ola de violencia que marcó el inicio del calendario anual con dos animales atacados con explosivos.
Diferencias entre la recuperación de Canela y el deceso de León
Mientras la perra Canela ya mostró un semblante animado recientemente tras la intervención quirúrgica donde le extrajeron fragmentos óseos pulverizados, el caso de León cerró con un desenlace fatal que imposibilitó cualquier tratamiento reparador.
Bartomeu explicó que los dueños de León recién pudieron formalizar la denuncia ayer debido a que el duelo y el auxilio veterinario constante consumieron sus tiempos inmediatos tras el ataque del 31 de diciembre. La fiscalía ya accedió a las fotografías y videos del circuito cerrado que identificaron a los supuestos autores, quienes aparentemente realizaron el acto como una suerte de juego perverso de año nuevo. Por este motivo, el Ministerio Público recabó testimonios claves de los vecinos para determinar si existió un patrón de conducta agresiva previo por parte de los adolescentes sindicados.