El fiscal Augusto Ledesma confirmó este martes la imputación formal de un adolescente de 17 años por el brutal ataque perpetrado contra la perra Canela en la ciudad de Areguá. Según el relato detallado del representante del Ministerio Público, el joven manipuló un artefacto explosivo pirotécnico, específicamente un "cebollón", durante la madrugada del pasado 1 de enero en la compañía Cupay-mí. Los testimonios recabados indicaron que el infractor encendió el objeto y se lo entregó directamente al animal, quien lo recibió en su boca antes de que se produjera la detonación.
Esta acción provocó lesiones gravísimas que derivaron en una fractura conminuta mandibular y fracturas transversales simples, dejando al canino en un estado de mutilación permanente.
Intervención quirúrgica confirmó la gravedad de las secuelas físicas
Debido a la magnitud del daño causado por la pólvora, los especialistas del centro veterinario Ferrer sometieron a la mascota a un procedimiento quirúrgico de alta complejidad denominado mandibulectomía. El fiscal Ledesma explicó que los médicos debieron extraer gran parte de la mandíbula del animal porque la fisonomía ósea quedó totalmente pulverizada tras el estallido.
Por este motivo, el Ministerio Público sostuvo la sospecha de que existió una intención clara de lacerar y cercenar al animal con premeditación y alevosía. Las autoridades basaron esta postura técnica en los informes médicos, reportajes de medios masivos y videos compartidos en redes sociales que documentaron el sufrimiento de la perra tras el incidente.
Adolescente enfrentó expectativa de pena y posible sanción económica
La imputación se fundamentó en la Ley 7513 del año 2025, específicamente en su artículo 68 que tipifica el hecho punible de crueldad animal. El fiscal precisó que la expectativa de pena para el adolescente infractor oscila entre los seis meses y los cuatro años de penitenciaría, aunque la normativa también contempló la aplicación de multas severas.
Durante la indagatoria, los investigadores confirmaron que el menor actuó sin la supervisión de un adulto responsable en el momento de manipular los explosivos. Por consiguiente, el juzgado penal adolescente recibió la notificación formal para convocar al imputado, a sus padres y a su defensa técnica para el inicio oficial del proceso procesal.
Investigaron a los padres por violación del deber de cuidado
Más allá de la responsabilidad directa del menor, la fiscalía analizó la conducta de los progenitores bajo la figura jurídica de violación del deber de cuidado. Ledesma señaló que la omisión de vigilancia facilitó que un adolescente tuviera acceso a potentes explosivos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo.
Aunque el foco inicial de la causa se concentró en el autor material, el Ministerio Público proyectó una segunda etapa de indagación dirigida exclusivamente a los padres. De esta manera, la justicia buscó sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y penal que recae sobre los tutores cuando un menor a su cargo perpetró actos de violencia extrema contra seres sintientes ajenos a su propiedad.
