Los agentes del Ministerio Público tienen ahora un plazo de seis meses más para la presentación del requerimiento conclusivo debido a la complejidad de la causa y existen varias diligencias a ser realizadas.
El Tribunal de Apelación, integrado por Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, concedió una prórroga extraordinaria de seis meses a los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez en la causa de lavado de dinero y alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos falsos, por los cuales está imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes y otras cinco personas.
El colegiado fijó para el 24 de julio del 2026 la presentación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público. La prórroga fue solicitada por varias diligencias pendientes y la complejidad del caso.
Las diligencias refieren a la solicitud de informes a diferentes dependencias que hasta la fecha no fueron remitidas y que resultan útiles por los datos allí contenidos; informaciones que tienen que ser remitidas desde la Dirección de los Registros Públicos puesto que los hechos punibles han sido realizados vulnerando dicho sistema, lo cual resulta trascendental para el esclarecimiento de los hechos y la participación de los hoy imputados, así también la extracción de datos de los teléfonos celulares que fueron incautados en el transcurso de un allanamiento cuyo informe debe ser remitido en principio en fecha 30 de diciembre, sin embargo, existen datos extraídos de ellos que deben ser analizados para posteriormente incorporar a la presente investigación, de igual forma, se pretenden realizar pericias caligráficas las cuales llevan tiempo para su realización y otras que puedan resultar de lo ya mencionado.
Además de Rodrigues, están imputados Alcira Celeste Rodríguez, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, el abogado Óscar Tuma y las escribanas María Raquel Cáceres, Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón de Jara.
La Fiscalía sostiene que la funcionaria Alcira Rodríguez modificó datos en el sistema informático de Registros Públicos para eliminar la inhibición judicial que pesaba sobre Alexandre Rodrigues Gomes, procesado por lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Con esa modificación, se emitieron certificados que le permitieron transferir cuatro inmuebles valuados en más de G. 1.700 millones.
Los bienes fueron cedidos al abogado defensor de Gomes, Óscar Tuma, bajo la figura de dación de pago por honorarios legales.
La investigación apunta a que el abogado conocía la restricción judicial y, aun así, aceptó las propiedades. Para los fiscales, la maniobra buscó impedir que esos bienes pasen a manos del Estado mediante el comiso especial.