“Es lógico que el período de investigación se corresponda con los años de servicio en la función pública teniendo en cuenta los elementos constitutivos del tipo legal de enriquecimiento ilícito, sin embargo, en este caso se atribuye específicamente al acusado en la acusación al igual que en la imputación”, según la resolución.
“El fundamento de la sospecha del MP, que se corresponde con los hechos atribuidos al imputado y los demás coprocesados en la imputación, está vinculada a una simulación que habría sido realizada por el imputado y su esposa quien el 9 de julio del 2020 cuando ya había sido nombrado funcionario público, habría adquirido un inmueble supuestamente por la suma de G. 100.000.000, sin tener los ingresos para justificar esta adquisición, siendo este un terreno sin construcción y luego de tan solo cuatro meses ya habría sido edificado y luego en un año y dos meses lo habrían transferido a la señorita Camila Monserrat Ramírez Gómez por la misma suma es decir: G. 100.000.000, quien a su vez sería empleada de la imputada Ruth da Silva, de profesión odontóloga, esposa de Wilfrido Cáceres”, fundamenta la resolución.
“Según la sospecha del MP, Camila Ramírez habría tenido tan solo 19 años de edad al momento de la transferencia, sería estudiante de odontología y además beneficiaria del programa del Ministerio de Desarrollo Social del cual percibía en concepto de subsidio y asistencia la suma G. 560.000, luego de haber adquirido supuestamente el inmueble, tal y como fuera referido en el A.I. No. 62 del 10 de julio de 2024 respecto a la imputación”, explica la resolución de la Cámara a uno de los agravios.
La Fiscalía acusó al ex director financiero de la municipalidad, a la esposa, a la secretaria y a la madre de la misma. Estos soportan cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Wilfrido Cáceres es el exdirector financiero, Ruth da Silva es su esposa, Camila Ramírez Gómez es la secretaria y Elvira Gómez de Ramírez es la madre de esta última.
La acusación presentó la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de los agentes fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez García. Estos agentes pidieron al juez de turno que abra el juicio oral contra los acusados.
La razón de la acusación son los hechos relacionados con la construcción de una lujosa mansión en plena pandemia y un ascenso económico meteórico sin justificación.
La Fiscalía informó que la investigación fiscal abarcó el período comprendido entre los años 2016 y 2023, y permitió establecer que el matrimonio conformado por Cáceres y su cónyuge Ruth Jazmín da Silva Almirón registró un vertiginoso e injustificado incremento patrimonial.
A pesar de haber percibido ingresos legales por un total de G. 3.126 millones, realizaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, presentando un desfasaje patrimonial no sustentado que, tras excluir operaciones simuladas, asciende a 1.016 millones de guaraníes, informó la Fiscalía.