El juez Álvaro Rojas, del Juzgado Penal de Garantías N° 3 de Pedro Juan Caballero tiene a su cargo el estudio de una nueva imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, por homicidio doloso agravado en grado de tentativa, resistencia y producción de riesgos comunes en carácter de autor.
El sueño de ir a Brasil se complica más para Alexandre Rodriues Gomes, hijo del ex diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La semana pasada pidió a la jueza penal de Garantías Lici Sánchez acogerse a la extradición simplificada para someterse a la justicia brasileña, porque allí veía más conveniencias en el sistema penal. Sin embargo, otro juez analiza una nueva imputación en su contra, con lo cual se formó un tercer proceso judicial en su contra.
La justicia del estado de Río Grande do Sul reclamó la extradición de Alexandre Rodrigues Gomes por narcotráfico. La jueza Lici Sanchez le otorgó el pedido, pero le dijo que no podía irse antes de terminar dos procesos penales pendientes en su contra en Paraguay. Mientras eso ocurría, ya se presentó la nueva imputación contra Rodrigues.
El juez Álvaro Rojas, del Juzgado Penal de Garantías N° 3 de Pedro Juan Caballero, tiene a su cargo el estudio de una nueva imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, por homicidio doloso agravado en grado de tentativa, resistencia y producción de riesgos comunes en carácter de autor.
El juez Rojas expedirá sobre el pedido de la Fiscalía de la admisión de la imputación en las próximas horas o días. La nueva imputación es una derivación del allanamiento que las autoridades de la fuerza pública realizaron el 19 de agosto del año pasado en el domicilio de Alexandre Rodriguez Gomes, ubicado cerca de la casa donde vivía su padre, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde también se hizo simultáneamente otro allanamiento y el padre murió en el tiroteo.
Según la nueva imputación, Rodrigues Gomes reaccionó con fuerza contra el allanamiento realizado por las autoridades y desde el techo de su casa disparó al menos 14 disparos con un fusil de asalto, calibre 7.62 x 51 mm contra los agentes de la FOPE. Su esposa Diana Ayala gritó para que pararan los disparos porque los policías estaban en la casa. Sin embargo, Rodrigues no hizo caso a este pedido, en principio, según la Fiscalía.
No obstante, luego de los disparos intimidatorios de los agentes de la FOPE, Rodrigues dejó su arma y huyó abandonando el rifle y saltando a una casa vecina, sin permiso del propietario, Édgar Silvano Acosta Esquivel. Salió afuera y abordó una camioneta marca Toyota, modelo Fortuner, de color blanco, y logró escaparse del lugar. En la ocasión, el suboficial Derlis Yahary Arce encontró el fusil en el lugar donde el imputado estuvo haciendo los disparos, según el relato de la nueva imputación.
La jueza Lici Sánchez, en una audiencia de reconocimiento para la extradición de Rodrigues Gomes, la semana pasada, citó dos casos que están pendientes con la Justicia paraguaya:
Uno de los casos es el llamado Pavo Real II, que dirige el magistrado Osmar Legal, juez penal de Garantías del crimen organizado. Justamente el mismo resolvió el martes último elevar a juicio oral este caso contra Rodrigues Gomes.
En el caso Pavo Real II, Rodrigues está acusado por la Fiscalía por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal. Actualmente se encuentra con prisión preventiva en la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.
Otro caso pendiente que el citado procesado tiene con la Justicia paraguaya está vinculado con hechos punibles contra la propiedad documental y nuevamente lavado de dinero. Según este expediente, intentó transferir una propiedad a favor del abogado Óscar Tuma y supuestamente esa propiedad estaba en litigio y no se podía transferir por sospecha de que sería producto de lavado de dinero. Ahora comienza un tercer expediente, que complica el sueño de Rodriguez Gomes de ir a Brasil donde cree que será más sencillo para él. El pedido de Brasil fue firmado por la jueza federal suplente, Cristina de Albuquerque Vieira, de Río Grande do Sul. El Poder Judicial de Paraguay recibió el documento en noviembre del año pasado.