La fiscal Laura Romero brindó en la mañana del domingo un informe actualizado sobre los violentos sucesos ocurridos el viernes. La agente del Ministerio Público confirmó la imputación de 29 personas tras el atropello a la estancia Toro Veve, en el segundo departamento. Esta propiedad sirve como acceso a la estancia Lusipar, la cual es administrada por la Senabico. Actualmente, los detenidos enfrentan un pedido de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos.
La lista de delitos atribuidos a los invasores es extensa. Los imputados responderán por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, incitación a cometer hechos punibles y daños a obras construidas. Sin embargo, la figura más grave es la de tentativa de homicidio doloso.
Romero explicó a la 1020 AM, que esta calificación se debe a la violencia desmedida utilizada durante el ingreso, donde se puso en riesgo directo la vida de los uniformados y civiles presentes.
Atropello a una barrera humana y policías heridos
El relato de la fiscal sobre la mecánica del ataque es estremecedor. Según la investigación, un tractocamión blanco ingresó con mucha fuerza al predio, atropellando una barrera policial humana que intentaba frenar el avance. En ningún momento el conductor intentó detener la marcha. Simultáneamente, un vehículo Ford azul irrumpió por otra entrada. Este rodado había sido utilizado previamente como escenario en una plaza de Santa Rosa del Aguaray para los discursos de incitación.
El saldo del enfrentamiento fue crítico para las fuerzas del orden. Dos efectivos policiales recibieron impactos de bala real. La situación más delicada es la de un agente herido en la pierna. El policía se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Rigoberto Caballero. La gravedad radica en que el proyectil no tuvo orificio de salida, provocando una hemorragia severa que puso en riesgo su vida.
Otro uniformado recibió un disparo en el rostro, aunque su estado es menos crítico. La fiscal aclaró que los policías solo portaban balines de goma, mientras que los disparos letales provinieron de los camiones de los invasores.
Financiamiento, logística y cobardía de los líderes
La investigación destapó una estructura logística y financiera importante. Durante el procedimiento, se incautó mucho dinero en efectivo en poder de los choferes y líderes de grupo. Algunos portaban 5 millones, otros 3 millones y hasta 2 millones y medio de guaraníes. Los conductores alegaron que fueron "contratados para el flete". Esto demuestra que existe un financista detrás de la movilización, ya que es imposible que personas humildes costeen tal despliegue.
Romero apuntó directamente contra dirigentes como Elvio Benítez. Según los datos, Benítez discurseó en la plaza, incitó a la gente a subir a los camiones y encabezó la caravana. No obstante, la fiscal calificó su actuar como "cobarde". Aparentemente, el dirigente se bajó a mitad de camino y no llegó al punto de conflicto, dejando a la masa expuesta. Entre los 29 imputados, cinco ya contaban con antecedentes por invasión, hurto agravado y abuso.
Escudos humanos y drama social
El aspecto más cruel del operativo fue la utilización de personas vulnerables. La comitiva invasora incluía a unas 28 o 29 mujeres, muchas de ellas de edad avanzada. Además, llevaban niños pequeños e incluso personas con discapacidad. Estas mujeres fueron liberadas esa misma noche por razones humanitarias, aunque sus datos quedaron registrados para futuras investigaciones. El objetivo era utilizarlos como escudos humanos para dificultar la reacción policial.
La intención de ocupación era definitiva. En los camiones se encontraron camas, colchones, electrodomésticos y hasta animales vivos como gallinas y cerdos. Tras el fracaso de la invasión, un grupo de 150 personas quedó abandonado a su suerte en una capilla cercana. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) tuvo que rescatarlos, ya que se encontraban sin comida y en condiciones deplorables.
Trasfondo político en tierras de Senabico
Finalmente, la fiscal descartó problemas de títulos en la propiedad. La estancia Lusipar cuenta con toda la documentación en regla y está arrendada legalmente por la Senabico. Por lo tanto, Romero sospecha que el móvil es netamente político o vinculado al crimen organizado que busca recuperar el terreno. Actualmente, un equipo de cuatro fiscales trabaja para esclarecer quién financió este ataque que casi le cuesta la vida a un policía.